El sindicato CSIF Córdoba ha llevado a cabo este jueves una concentración bajo el lema Por el rescate del servicio telefónico de 061 y Salud Responde' junto a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, ante la falta de concreciones por parte de la Administración para que los trabajadores y trabajadoras de ambos servicios dignifiquen sus condiciones. En Córdoba se contabiliza una treintena de gestores telefónicos del 061 mientras que en el conjunto de Andalucía ambos servicios suman unos 600 profesionales. A la concentración, en la que se han cumplido las medidas de seguridad frente a la Covid-19 ha asistido el parlamentario andaluz por Córdoba del PSOE Jesús María Ruiz.
El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, explica que “estas movilizaciones se han celebrado en las ocho provincias y con ellas hemos sacado a la calle esta reivindicación para hacer partícipe a la ciudadanía de la precariedad que sufren los trabajadores y trabajadoras del servicio telefónico de 061 y Salud Responde”. “Este personal, que depende de la empresa privada Ilunion como concesionaria, pero que desarrolla un servicio público esencial, como ha quedado demostrado por ejemplo en esta pandemia de la Covid-19, se rige por el convenio de telemarketing cuando su labor del día a día nada tiene que ver con dicho convenio”, según detalla el representante de CSIF.
CSIF subraya “la necesidad de que estos empleados y empleadas tengan unas condiciones de trabajo dignas que ahora no tienen, con contratos de pocas horas en precario y pliegos de condiciones que no se cumplen”, al tiempo que ha llamado la atención sobre que “incluso hay personal contratado desde 2007 a ocho horas semanales, algo que resulta inadmisible”. Andrés destaca también la falta de formación y la comunicación de turnos mensuales con tan solo dos días de antelación como otros de los elementos de precariedad de estos trabajadores, así como la saturación de llamadas y la presión constante a la que se ven sometidos con los tiempos de respuesta.
El rescate público de ambos servicios telefónicos es una reivindicación histórica de CSIF sobre la que ya se aprobaron varias iniciativas parlamentarias en la Legislatura anterior, que fueron apoyadas por las fuerzas políticas que hoy sustentan el Ejecutivo andaluz. Asimismo, en la presente Legislatura, concretamente en la sesión plenaria del pasado 25 de febrero, prosperó una moción que recoge la integración de estos trabajadores en el sistema sanitario público.
CSIF recuerda que la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, adquirió a finales de noviembre pasado un compromiso con CSIF para establecer un calendario para el rescate público del servicio de gestión telefónica de Salud Responde y del 061, “sobre el que a estas alturas aún no tenemos noticias”.
Según este sindicato, el propio consejero del ramo, Jesús Aguirre, durante la Comisión de Salud y Familias celebrada el 5 de septiembre de 2019, hace un año y medio, declaró que “la gestión del servicio telefónico de emergencia sanitaria 061 y Salud Responde dejará de ser un servicio de gestión privada, y se incorporará, a la mayor brevedad posible, como un servicio propio del Servicio Andaluz de Salud”, tal y como recoge el correspondiente diario de sesiones (Diario de Sesiones nº 122 de Comisiones del Parlamento de Andalucía). “Transcurrido tanto tiempo no caben más dilaciones y hay que pasar de las palabras a los hechos”, según manifiesta el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba.
El PSOE presenta una moción en el Parlamento
El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Jesús María Ruiz ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla que cumpla con el acuerdo del Parlamento de Andalucía e “integre en alguna de las agencias sanitarias públicas al conjunto de profesionales que trabajan en los servicios telefónicos del 061 y de Salud Responde”.
Ruiz, que acompañado a los trabajadores en una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha recordado que la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se aprobó el 25 de febrero en el Parlamento, se señalaba que debía transformarse la actual categoría de teleoperadores en una categoría similar a las existentes en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
“La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que Salud Responde no responde y el que ha sido uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía el actual Gobierno de Andalucía lo ha convertido en una muralla”, ha afirmado Ruiz, porque “se ha introducido un sistema de operadora automática que ha sido una barrera para todas las personas que han querido acceder al mismo y además redujo la plantilla”.
Según Ruiz, “en dialogo pleno con los trabajadores y trabajadoras acordamos que no podían permanecer en una empresa de telemarketing porque no venden nada lo que hacen es prestar un servicio de orientación sanitaria y de accesibilidad a los servicios sanitarios”.
“Por eso la moción socialista, que fue aprobada con los votos en contra del PP y de Cs, incluía en uno de sus puntos la integración plena de estos trabajadores y ahora lo que exigimos al Gobierno andaluz es que respete las resoluciones y lo aprobado en el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular”, ha insistido Ruiz.
