Antonia Rubio, directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, ha presentado este martes en Córdoba, a entidades sociales y profesionales, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que prepara el Gobierno andaluz y que, una vez que se apruebe, pues aún está en trámite parlamentario, se irá avanzando en su desarrollo.
Rubio ha señalado que es importante esta nueva Ley de Infancia, que actualiza la de 1998, y sobre todo “es una ley que se adapta a las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes de Andalucía”. En esta ley se incorporan importantes novedades, sobre todo relacionadas con las adicciones tecnológicas y las violencias digitales, se da un gran peso a la prevención y a un modelo centrado en el acogimiento familiar.
La directora general de Infancia ha explicado que hasta ahora no estaban reguladas las adicciones tecnológicas que “es una realidad que tiene un peso importante en nuestra sociedad”, y también se enfatiza en la prevención de estas adicciones y de violencias digitales, y en la formación del profesorado y los progenitores.
Rubio ha admitido que las nuevas tecnologías y redes sociales “van mucho más rápido a veces que los pensamientos reflexivos y las dificultades de los progenitores y de la sociedad en general, y para hacer frente a eso, tiene que compensarse con un texto normativo en el que no solo se aborde de manera familiar y del profesorado sino también desde los medios de comunicación y audiovisuales y redes sociales, con una normativa que prevenga y proteja a los menores en este sentido, cosa que hasta ahora no está desarrollado”.
La responsable de la Junta ha insistido es que es importante una normativa que ponga límites a “esas redes sociales, esos medios audiovisuales, a los mensajes de la publicidad y aspectos macrosociales”.
Es una ley transversal y “permite una intervención más rápida en menores que están en situación de riesgo psicosocial”, según Rubio, al tiempo que prevé el acogimiento familiar hacia un modelo en el que se prioricen las medidas de integración familiar, “para que todos los niños y niñas de Andalucía puedan tener una familia”. En la ley se recoge que “se procurará que no haya menores de 13 años en los centros de protección de menores y eso es un gran reto al que nos tenemos que afrontar con valentía para avanzar”.
En estos momentos hay más de 2.000 menores acogidos en Andalucía, que varía mucho también en función de la llegada de menores inmigrantes no acompañados. En Córdoba, en los tres centros de menores de gestión pública y concertados hay 118 menores acogidos, estando los centros al 71% de capacidad, según los datos aportados por la Consejería.
La ley desarrolla el acogimiento familiar y Antonia Rubio insistió en que “necesitamos más familias de acogida en Andalucía”, para lo que "hay que hacer más difusión, campañas, favorecer un cambio en la mentalidad y socialmente para que cada vez haya más familias que quieran acoger".
También se regulan las familias colaboradoras, que son las que inician contacto con los niños a través de periodos de fines de semana, vacaciones, hasta que se crea un vínculo que muchas veces se encamina al acogimiento familiar. “El contexto familiar es el lugar donde mejor se puede desarrollar un niño y una niña, se crean figuras de resiliencia y de protección no solo en esos años de su vida sino también cuando son adultos”, afirma Rubio. Y aunque los centros de protección de menores “tienen estándares de calidad, es muy difícil de conseguir lo mismo que con una familia”.
Se recoge en la ley una atención integral por parte de todas las administraciones públicas y entidades sociales y una coordinación para prevenir a la infancia y adolescencia.
En su contacto con las asociaciones que trabajan en primera líneas se pretende que “sea una ley que se adapte de una manera real a las necesidades”.
En el encuentro, en el que la directora general de Infancia ha estado acompañada por el delegado territorial de Igualdad en Córdoba, Antonio López, han participado una decena de entidades que trabajan con menores, como Asociación Marcelino Champagne, Asociación defensa de medios audiovisuales, Encuentracuerdos, Cáritas, Buen Pastor, Cruz Roja, Adsam, Nuevo Futuro, Senda, Arco Iris, Fundación Don Bosco, Fundación Samu, Aproni y Aprome, así como representes de la Fiscalía de Menores y equipos de trabajo familiar.
