Los trámites para las obras de urbanización de la antigua prisión de Fátima empiezan después de haber transcurrido 16 años desde que el edificio fue demolido. El consejo rector de Urbanismo, que se celebrará el próximo miércoles, aprobará de forma inicial el proyecto de urbanización, que es el que permitirá construir los viales y las zonas ajardinadas y dejar preparadas las manzanas en las que se edificarán 236 viviendas. De esas 236 viviendas, 72 serán de protección oficial y 164 de régimen libre. Aunque una vez que sea aprobado este proyecto de urbanización aún le quedarán el visto bueno provisional y definitivo, se trata de un paso importante, ya que el dotar de contenido a este plan especial de reforma interior (PERI LE-19) de 26.192 metros cuadrados es una antigua reivindicación vecinal.
El proyecto de urbanización de este plan especial está promovido por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias y de la Seguridad del Estado (Siepse). El plan lleva ya aprobado más de doce años, pero fue sometido a una innovación urbanística, que recibió luz verde en julio del 2018 por parte del Pleno. Con esa innovación, se aumentaba el número de viviendas previstas, que pasaba de 190 a 236. Ese mismo año la empresa Siepse empezó a tramitar en Urbanismo el proyecto de urbanización, que es el que se vota este miércoles. Tras recibir los informes de las compañías suministradoras, la empresa estatal presentó un texto refundido para subsanar las deficiencias detectadas. Entre las observaciones realizadas a la empresa estatal, está que debe tramitar ante Cultura y Urbanismo un proyecto de control arqueológico de movimiento de tierras. El último paso que dio este plan fue en el 2019, antes de la pandemia, cuando el consejo rector de Urbanismo aprobó la operación jurídico complementaria del proyecto de reparcelación.
En el solar de la antigua prisión provincial habrá dos equipamientos, uno ya existente, el del centro cívico de Fátima. Además de esos dos equipamientos, hay cinco manzanas residenciales, junto a las que se ubicarán los espacios verdes. En total, habrá 1.204 metros cuadrados de viales; 15.569, de espacios libres; 4.028, de equipamiento comunitario; y 5.390 metros cuadrados para uso residencial. Estas obras, cuando salgan a concurso, tendrán un presupuesto de 2,9 millones de euros y su ejecución se prolongará durante un año.
La demolición de la antigua prisión, construida en los años treinta y sin uso desde el 2000, cuando la actividad penitenciaria fue trasladada a las inmediaciones de Alcolea, empezó en el 2005. En julio del 2002, Instituciones Penitenciarias (IP), que así se llamaba entonces Siepse, y el Ayuntamiento de Córdoba firmaron un convenio mediante el cual parte de los terrenos revertían a la ciudad para equipamientos sociales (el 10% de los aprovechamientos) y otros se reservaba la empresa estatal para viviendas.
