La moción de las inmatriculaciones, que originalmente promovían Izquierda Unida y Podemos, ha llegado al pleno finalmente con un texto conjunto de estas formaciones y las aportaciones del PSOE. El voto de Ciudadanos ha sido clave para que no saliera adelante el acuerdo, aunque los grupos de izquierdas contaban a primera hora de la mañana con una posible abstención de la formación naranja. Su portavoz, Isabel Albás, no obstante, ha sido muy clara desde primera hora: “Votaremos en contra”, dijo ya en las declaraciones previas a la sesión.
La moción rechazada, según ha explicado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, había incluido respecto al texto original “orientaciones” y “recomendaciones” realizadas por la vicepresidenta socialista Carmen Calvo, ya que estos grupos municipales habían recurrido a Moncloa para pedirles aportaciones sobre la cuestión, según han explicado. Las inmatriculaciones vuleven al pleno de Córdoba después de que el Gobierno central haya hecho público un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 en virtud de la modificación de la ley Hipotecaria de Aznar. Según ese listado, en Córdoba habría 399 bienes inmatriculados, siendo la provincia andaluza en la que la Iglesia inmatriculó un mayor número de bienes en ese periodo de tiempo.
En el debate, los grupos de la derecha han rechazado abordar de nuevo esta cuestión “recurrente” que “trae al pleno la izquierda cuando no tiene nada de lo que hablar y entonces critica a la Iglesia”, al considerar que precisamente el listado publicado por el Gobierno central avala que la inmatriculación de la Mezquita se hizo de manera legal. “El problema es que la Mezquita ha sido el oscuro objeto de deseo de la izquierda y quieren atacar nuestras creencias y de paso quedarse con la gallina de los huevos de oro para expoliarla. Dirijan su odio a los católicos hacia otro sitio”, ha dicho Paula Badanelli (Vox).
El portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, ha intentado zanjar este asunto que es “el comodín del publico de la izquierda cuando no tiene otra cosa de qué hablar” y ha criticado que IU y Podemos hayan abordado la cuestión “desde un punto de vista ideológico”, en lugar de hacerlo con una mirada “jurídica con reminiscencias históricas”. Además, ha indicado que la inmatriculación de la Mezquita generó extensa literatura —desde el informe de la asesoría municipal jurídica, hasta el juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, pasando por la Comsion Europea en el año 2016– que avala que ese proceso se hizo a la luz de la ley y ha recordado que el único gobierno municipal que ha reclamado a la Iglesia un bien ha sido el de José Antonio Nieto que reclamó la titularidad de la plaza del Pocito. En último término, Torrico ha pedido a la izquierda que “no generen más polémicas estériles que solo fomentan la confrontación ideológica; se han quedado antiguos, presenten ideas y proyectos para la ciudad”.
Ciudadanos, por su parte, ha puesto en evidencia la incoherencia del PSOE de elevar en el pleno de Córdoba esta moción al mismo tiempo que votó ayer en contra de la reversión de las inmatriculaciones en el Senado, junto a PP, Cs y Vox. “Votamos en contra porque no vamos a fomentar planeamientos estériles”, ha dicho Antonio Álvarez.
Carmen Victoria Campos (PSOE), por contra, ha rechazado que la propuesta que se planteó ayer en el Senado Esquerra Republicana sea la misma que la que se plantea en Córdoba. “No tiene nada que ver”. La concejala socialista ha defendido “el rigor y la seguridad jurídica” en este asunto y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cumplido con la transparencia a través del listado de bienes inmatriculados hecho público hace unas semanas. “Estas inmatriculaciones se produjeron a la luz de la legalidad, pero el debate no se ha superado jurídicamente porque hay varias sentencias contradictorias del Supremo”, ha dicho Campos. Asimismo ha explicado que la reversión de las inmatriculaciones que fueran irregulares deberían verse “caso a caso”, por eso impulsan esta moción.
Izquierda Unida y Podemos han defendido, por su parte, la actualidad de esta cuestión que “atañe a los cordobeses” más que otras mociones como la que promueve el PP para condenar los disturbios a raíz de la condena al rapero Pablo Hasél. “Hablar de las inmatriculaciones de la ciudad es hablar de Córdoba, que es un referente del expolio público realizado por la Iglesia”, ha defendido Pedro García (IU), para quien el problema de fondo se arrastra en España desde hace 5 siglos por no haberse separado Iglesia y Estado. Por su parte, Cristina Pedrajas (Podemos) ha asegurado que la Iglesia católica utilizó un “argumento falso” para defender que era propietaria de la Mezquita y ha aseverado que “nunca ha habido constancia” de que así fuera y ha rechazado como “sandeces” los argumentos esgrimidos por la bancada de la derecha.
En el texto que no ha salido adelante se instaba a los registros de la propiedad de Córdoba a emitir y remitir al Ayuntamiento todas las notas simples de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, Parroquia o similares y se pedía a a la Junta de Andalucía que impulse los mecanismos de participación social eficaces respecto de estos bienes que sean de interés cultural y al Gobierno de España, a que estudie los cambios jurídicos necesarios para que se pueda garantizar la doctrina y las resoluciones del Tribunal Europeo y a devolver al conjunto de la sociedad los bienes fruto de esfuerzos colectivos.
