María Luisa Gómez, exgerente del Imdeco y número 6 de la lista con la que Ciudadanos concurrió a las municipales en Córdoba, sigue sin despejar la incógnita sobre su futuro a dos días del pleno que tomará conocimiento de la salida de Eva Timoteo y pedirá a la Junta Electoral Central la nueva credencial, en principio, con su nombre. El secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, ha elaborado un informe de razonamientos, fundamentos y consideraciones jurídicas sobre el trámite a seguir con motivo de la renuncia de la concejala de Servicios Sociales, en el que explica que de tomar el acta Gómez (que se encuentra expulsada de Cs si bien el comité de garantías de la formación está estudiando su caso) el grupo municipal de Cs y ella misma tendrían un plazo mínimo de 10 días y máximo de 15 a partir del jueves para aclarar si se queda en dicho grupo municipal o pasa al grupo de los no adscritos (en el que solo estaría Gómez). El secretario puntualiza, pese a lo señalado la semana pasada, que si la nueva edil toma su acta de capitular como parte del grupo de los no adscritos no tendrá derecho a la portavocía, ni a un espacio en Capitulares (es decir solo cobraría por asistencia a plenos a menos que el alcalde le diera una delegación). Eso solo hubiera ocurrido si desde primera hora en este mandato hubiera entrado como concejala en el grupo mixto puesto que «ningún concejal podrá pertenecer a un grupo municipal diferente de aquel que corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del grupo mixto». Es el caso de aquellas candidaturas que solo hayan obtenido un solo concejal en las correspondientes elecciones locales o bien con posterioridad, su grupo municipal quede, de facto y por diversos motivos, integrado por un solo capitular.

Mociones PSOE y PP

Por otro lado, el PSOE reclamará al pleno que el presupuesto municipal, aún sin presentar ni aprobar, incorpore el informe de impacto de género. PP y Cs, por su parte, presentarán una moción conjunta para exigir al presidente Pedro Sánchez que condene de manera «firme y expresa» las declaraciones de sus socios de gobierno, Unidas Podemos, «en favor de los violentos» en los hechos desencadenados a raíz de la condena al rapero Pablo Hazél.