Según el último Baremo Interno de la Abogacía, uno de cada tres abogados está llevando algún caso relacionado con la pandemia de coronavirus o lo llevará en los próximos meses. El terremoto generado por el covid-19 en el 2020 amenaza con un tsunami en el 2021 en el mundo judicial, con reclamaciones que suponen ya el 25% del trabajo de los profesionales del Derecho, según un estudio elaborado por Metroscopia. Otro 25%, por su parte, prevé en los próximos meses que trabajará con reclamaciones relacionadas con el virus.

Córdoba no es ajena a esa realidad y hace apenas unos días la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba presentó una enérgica protesta por, entre otros motivos, considerar "inadmisible que en Córdoba se estén produciendo situaciones de demora como son señalamientos de juicios por despido a más de cuatro años vista; demandas por reclamación de cantidad, presentadas en el 2020, que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, algo que resulta especialmente perjudicial para los trabajadores y empresarios que no pueden ver atendidas sus demandas en un plazo razonable".

Tomando las opiniones de profesionales consultados, la influencia del covid-19 ya se dejó ver el año pasado, principalmente en el derecho de familia o en el civil, y se verá incrementada en el 2021 en el aspecto laboral y mercantil, principalmente.

A un sistema de justicia ya de por sí afectado por problemas endémicos se le presentan ahora las sucesivas olas de procesos que generará el coronavirus en los tribunales.

MERCANTIL

"Se espera una avalancha de procedimientos a partir de mayo"

"Ha habido un aumento importante de la litigiosidad por la pandemia y no solo por las cláusulas suelo", explica Juan Pedro Dueñas, de Dueñas Ruart Abogados, que detecta que los índices de morosidad siguen en ascenso. "Los impagos son cada vez más habituales", afirma, mientras que en la rama social se percibe la ola de conflictos que ha de llegar. "Está todo en la nevera con los ertes, aún no se detecta el aumento de la litigiosidad de momento", reconoce, aunque advierte que esta aún no ha llegado "porque las líneas ICO de financiación del Estado están sosteniendo la situación".

Algo que no impide que se empiece a detectar un mayor número de concursos de acreedores. Dueñas pone un ejemplo del efecto dominó que en este último apartado va a generar la pandemia. "A mí me designaron acreedor concursal de Canval. El concurso va a provocar una insolvencia en cadena, porque dejó a mucho pequeño proveedor enganchado y provocará la caída de los pequeños proveedores", advierte, de ahí que sea claro en su percepción: "Se espera una avalancha a partir de mayo, cuando empiecen a vencer los préstamos ICO, en las refinanciaciones que estamos llevando a cabo, las entidades financieras ya se están preparando para esos impagos y no renovarán esperando al Estado".

Además, el director de Dueñas Ruart Abogados opina que "cuando terminen los ertes va a haber una avalancha de insolvencia importante", ya que en la actualidad "estamos con mucha refinanciación y, desgraciadamente, la mayoría acabará en concurso de acreedores, porque las entidades financieras no financien y porque los niveles de actividad han caído brutalmente", lamenta.

Dueñas remarca que "uno de los temas que ha repuntado es el de responsabilidad civil, reclamaciones contra la Administración, no sé por qué, pero ha aumentado muchísimo. Gente que se cae en la calle, que en un establecimiento sufre un daño, etcétera", algo sobre lo que intuye su origen, que nace de la mayor necesidad económica del usuario y del que ahora atiende "ocho o diez asuntos cada día".

Tras señalar la importancia de la directiva europea 1023/2019 que el Gobierno ha de transponer, junto a la nueva Ley Concursal, Dueñas considera que la cordobesa ha sido siempre "una plaza muy buena", ya que mientras que otras ciudades señalaban vistas a dos o tres años, "en Córdoba se hacía a ocho o doce meses vista. Ahora en Málaga hay señalamientos a cuatro años y aquí se señaló el otro día para el 2023. Empieza a notarse el colapso en la Administración de Justicia" y para él "los señalamientos empiezan a no estar dentro de lo habitual".

Ciudad de la Justicia. CÓRDOBA

PENAL/FISCAL

"Lo notaremos este año, estamos sujetos por alfileres"

"Los abogados vivimos del incumplimiento de las obligaciones. Un despacho vive de que la gente no puede cumplirlas, sean estas del tipo que sean", explica el experto en Derecho Fiscal y Penal Federico Membrives, que extiende ese concepto al funcionamiento de la Administración de Justicia. "El motor de los juzgados, normalmente, es el tema económico, por lo que cuando hay una crisis", como la del coronavirus, esta "produce mucho incumplimiento de cualquier tipo y genera mucha litigiosidad".

Membrives también coincide en que "los efectos vamos a notarlos mucho más este año que el anterior" y explica que "ahora estamos todos sujetos con alfileres, con moratorias, ertes", de ahí que no haya habido aún "grandes incumplimientos", aunque valora que "a partir de este año sí los va a haber".

Llevando casos "en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Jaén, me muevo por toda España", Membrives estima que "Córdoba no suele ser una ciudad en la que la justicia vaya lenta" en líneas generales, aunque sí indica que "no todos corren igual, depende de qué tipo de asuntos. Derecho de Familia suele ir rápido, la Audiencia funciona bastante bien", pero "determinados procedimientos se enquistan, el procedimiento no está hecho para los tiempos modernos, todo tiene que ser presencial, lo que ralentiza mucho la justicia".

Cuando se le argumenta la posibilidad de las vistas telemáticas, Membrives contrapone una experiencia personal y un inconveniente de base. "¿Cuántas vistas he tenido desde mi despacho? Una. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, el papel lo aguanta todo. Desde que alguien toma una decisión hasta que se cambian los procedimientos pasa un mundo. No es tan rápido como tú crees", explica. Además, también pone en duda la idoneidad de esa nueva tecnología en concreto, porque "no es lo mismo cuando tú haces una entrevista, enfrente de la otra persona, que cuando la haces por teléfono. No tiene nada que ver. No solo en la justicia sino en cualquier ámbito de la vida".

"El proceso no está hecho para los tiempos modernos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, nos regimos por un procedimiento muy antiguo", lamenta Membrives, y se queja de que "cuando la instrucción de una causa dura más de seis meses, en la mayoría de los procedimientos que llevo yo los señalan como causa compleja, cuando igual no la tiene". A pesar de todo, la morosidad del despacho no aumenta: "Mis clientes son empresarios en su mayoría".

Interior de la Ciudad de la Justicia. AGENCIAS

FAMILIA

"Salieron del confinamiento directos al abogado"

Lola Azaustre es vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y explica que "hemos tenido un aumento considerable de trabajo", en la rama del Derecho de la que es experta y en la que detectó, en principio, "un incremento en los procedimientos" que tenían que ver con "las modificaciones de medidas, gente que se comprometió a pagar pensiones y que, de la noche a la mañana, vieron sus negocios cerrados, sin ingresos y subsistiendo a base de las ayudas, que si tardan y, si llegan, afectan a obligaciones contraídas" previamente a la pandemia y a las consecuencias económicas derivadas de ella.

Azaustre advierte que "es importante que haya un abogado especializado en familia y llegar a acuerdos» que faciliten "poner orden y recuperar días", ya que "gastar dinero en un abogado y demás es meter a un cliente en un problema mayor del que tiene", reivindicando el valor del acuerdo previo, no solo como solución económica, sino también para evitar llegar al particular rompeolas que es y será la Ciudad de la Justicia.

"Es importante la actitud del abogado, de hacer ver al cliente las alternativas y sus consecuencias. Hemos intentado evitar reclamaciones absurdas, porque colapsábamos más los juzgados", explica Azaustre, que no ha notado un aumento de morosidad en su sector o, al menos, en su despacho.

En cuanto al ritmo de señalamientos, la experta en Derecho de Familia reconoce que "los juzgados no van tan mal en comparación" con otros juzgados y otras ramas del Derecho. "Presentamos una demanda y nos están señalando no con la inmediatez de antes de la pandemia, pero no van con demasiado retraso", explica. "Los retrasos escandalosos", reclama, se dan "en juzgados de cláusulas suelo, en donde hay compañeros a los que les están señalando juicios para el 2024". Córdoba en general, y la Audiencia Provincial en particular, "están bastante bien en comparación con otras plazas", así como los juzgados de Familia, a pesar de que "hay gente que ha salido del confinamiento directa al abogado. Yo no puedo pensar en que nos vuelvan a confinar y vivir de nuevo lo que he vivido", reconoce Azaustre.

Vista aérea de la Ciudad de la Justicia. CÓRDOBA

AJE

"Los abogados jóvenes no pueden mantener el despacho"

Lourdes Capdevila es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogados de Córdoba y confirma la percepción y experiencia de sus compañeros. "En el tema laboral, asuntos sociales y reclamaciones ha habido un montón de despidos, cierres y esa es una rama en la que la litigiosidad va a subir", confirma, a la vez que también ha detectado un aumento "en el tema de familias, por impago de pensiones, sea porque los progenitores no se han hecho responsables, porque no puedan afrontar esos pagos o porque intentan aprovecharse de la actual coyuntura".

Curiosamente, ese aumento de la litigiosidad, tanto la que se percibe en la actualidad como la que se vislumbra en un futuro a corto plazo, ocurre a pesar de que "no pocas empresas o autónomos se lo piensan antes de meterse en un juzgado, porque el contrario no tiene bienes, no tiene patrimonio y sopesan mucho iniciar un procedimiento para no recuperar nada".

Además, Capdevila opina que "ha bajado el nivel de causas en lo penal, sobre todo durante el estado de alarma, como es lógico, en el que bajaron los delitos, pero las guardias del turno han estado más o menos igual, se han desarrollado con el mismo número de personas", mientras que sí se ha detectado un aumento significativo de la litigiosidad en "demandas contra la Administración", así como "por los cierres en la hostelería y también en contenciosos que tienen que ver con agencias de viajes, aerolíneas y compañías de seguros", señala.

Curiosamente, también los abogados jóvenes se muestran contrarios a la entrada de las medidas telemáticas -videollamadas- en los procedimientos, ya que "se pierde la esencia en los juicios, no es lo mismo interrogar a través de una pantalla y, además, no se puede negociar con el fiscal en caso de requerirlo. Todas las medidas de la Junta para incentivar la Justicia está claro que no han surtido el efecto que se buscaba", afirma Capdevila.