Tanto el presidente de FAPA Ágora, Francisco Mora, como el de Escuelas Católicas de Córdoba, Antonio Guerra, dan un tímido aprobado a la modificación del Decreto de Escolarización aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta, cuya normativa regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para su adaptación a la conocida como Ley Celaá.

La Consejería de Educación ha llevado a cabo, con carácter urgente, los cambios imprescindibles obligados por la modificación de la ley estatal si bien mantiene los principios fundamentales que sustentan la disposición andaluza en materia de admisión del alumnado, con la garantía de una oferta suficiente de plazas en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. Entre los temas que más interés han suscitado está el de la demanda social, que se seguirá teniendo en cuenta, entendida como la prioridad de elección de centro educativo por parte de las familias y prestando especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), garantizando una escolarización equilibrada mediante la reserva de hasta tres plazas por unidad escolar. En este sentido señala Antonio Guerra, que lo considera “un buen decreto que pone a la misma altura a todos los centros que componen la red pública y concertada”.

Las principales modificaciones incluidas en el nuevo decreto ley afectan a la puntuación por la existencia de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, que favorecía el agrupamiento de éstos en el mismo centro para facilitar la conciliación familiar. Dados los cambios obligados por la Lomloe, que limita este criterio al 30% de la puntuación total que pueda tener un alumno, Andalucía ha optado por otorgar la misma puntuación en este apartado que el de proximidad al domicilio familiar (14 puntos). El presidente de la FAPA Ágora apunta que el sistema de baremación "no están mal, aunque con matices". En este sentido cree que "es fundamental que las familias puedan tener a los hermanos juntos en un mismo centro por una cuestión esencial como es la conciliación igual que poder obtener puntuación por proximidad del domicilio familiar o laboral".

Otro de los cambios es que, dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar e incluye como nuevo criterio de admisión que el alumno a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. Por último, el Consejo Escolar de los centros públicos tendrá la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, que antes correspondía al director del centro. En este punto aclara Guerra que, “en el caso de la concertada, los titulares de los centros mantienen la capacidad decisoria del proceso” mientras que para el presidente de la FAPA se trata de un gran logro y un paso adelante en la gestión de los centros educativos.

La nueva normativa mantiene que en todas las zonas de escolarización exista un centro público y uno concertado, siempre que quepa esa opción, con el objetivo de que las familias elijan el modelo de educación que entiendan mejor para sus hijos así como las listas de espera del alumnado no admitido en el centro solicitado en primera opción hasta el inicio del curso escolar, con objeto de asegurar los derechos de las familias y hacer más transparente la gestión de dichas listas. Señala al respecto Francisco Mora que "de una vez por todas, la comunidad educativa al completo se tendría que sentar a hablar de este tema y dejar cerradas de una vez las adscripciones a los centros educativos".