El Pleno, que ha sufrido esta mañana problemas técnicos varios ocasionando problemas en su retransmisión a través de la Televisión Municipal por los cortes de luz que también se sufrieron ayer cortes de luz en la zona del centro y que han provocado fallos en la conexión de wifi e Internet municipales, ha dado el visto bueno, de momento, a la rectificación anual del inventario general consolidado de bienes y derechos del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al año 2019 y ha solicitado a la Junta de Andalucía la cesión de los colegios Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, Concepción Arenal y La Aduana porque siguen siendo de titularidad autonómica. De hecho, estos son los únicos inmuebles de la capital cordobesa que son colegios públicos pero que no son de titularidad municipal. La propuesta que el Pleno de Córdoba eleva al Gobierno andaluz es que se instruyan los oportunos expedientes de formalización de la sucesión administrativa a favor del Ayuntamiento de Córdoba de los cizados inmuebles con uso actual de colegios públicos y cuya titularidad ostenta la comunidad autónoma.
El inventario municipal se nutre este año, además, de varios inmuebles y solares de Vimcorsa, como los terrenos de aparcamiento en superficie del Parque Cruz Conde, las zonas libres de la avenida de los Custodios colindantes con el cementerio de la Salud y los terrenos del aparcamiento subterráneo La Victoria. Por su parte se da de baja del inventario el Camino de la Cruz de Juárez a las Hazas de la Marquesa y de la Virgen por sentencia judicial.
Protestas de Policía Local y de hosteleros
El Pleno, que ha vuelto a celebrarse de manera mixta (con presencia de concejales en el salón de plenos y otros de manera telemática) ha dado comienzo con protestas previas en la puerta protagonizadas por comerciantes y hosteleros de la Judería, que reclaman ayudas al Ayuntamiento a raíz de la dura situación que atraviesan los negocios de esa zona desde el estallido de la crisis. Este colectivo trata de buscar soluciones y reclama ayudas específicas para "salvar" la zona durante el mes de diciembre al Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, se han vuelto a concentrar a las puertas del Consistorio cordobés miembros de la Policía Local y de los Bomberos para exigir el cobro del acuerdo del 0,3% firmado en el anterior mandato. El sindicato de policía Siplb ha pedido a sus afiliados no hacer horas de productividad hasta la resolución del conflicto laboral.
Protesta de la Policía Local delante del edificio de Capitulares. Foto: A.J. GONZÁLEZ
El concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, en las declaraciones previas al pleno ha dicho que el equipo de gobierno sigue trabajando con algunos sindicatos para tratar de abonar "lo máximo posible" del acuerdo del 0,3% si bien ha insistido en la dificultad jurídica para hacerlo. El gobierno local sostiene que no es un problema ni de voluntad política ni de capacidad presupuestaria, si no de legalidad. "Jurídicamente estamos atados de pie y manos", ha dicho Torrico. Respecto a la propuesta del sindicato Siplb de que los agentes locales no hagan horas de productividad estas Navidades, el concejal de Seguridad ha apelado a la responsabilidad individual de cada agente y ha asegurado que no cree que afecte al dispositivo de seguridad que hay que desplegar estas fechas.
Facturas y Imd Alcolea
En la parte dispositiva del Pleno, también se ha sometido a votación la propuesta de aprobación del teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, de varios expedientes correspondientes a reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe global de 146.750 euros, pertenecientes a facturas de diversa índole. Asimismo, se ha aprobado resolver la discrepancia de la Intervención a facturas del suministro eléctrico del Imdeec por valor del 4.718 euros.
Asimismo, la Delegación de Deportes ha llevado al pleno el dictamen de la comisión permanente de Social, de aprobación del final de obra del expediente para la remodelación del IDM Alcolea, en concreto de la segunda fase de las obras que consisten en instalaciones y acabados, así como de aprobación del reconocimiento extrajudicial de obligaciones, por importe de 23.966,37 euros.
