La subasta de los terrenos en los que se encuentran las naves construidas sin licenciasubastanaves por el empresario Rafael Gómez en la antigua Colecor se cerró ayer sin que se haya producido ninguna puja que supere la de 6 millones de euros ofertados a los pocos días de iniciarsela de 6 millones de euros. Según la certificación de cierre de la subasta, que finalizó a las 18.00 horas de ayer, «concluyó con pujas» y la máxima es de 6 millones de euros.
Con esa cantidad no se cubre el dinero que reclamaba el Banco de Santander por las cinco fincas de más de 13 hectáreas de naturaleza rústica que conformaban el lote que se ha subastado y que estaban valoradas en 6,2 millones, por lo que la puja está 200.000 euros por debajo. Habrá que esperar ahora a que se produzca la adjudicación de los bienes.
La subasta viene motivada porque el Banco Santander inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra Mezquita Sur Inversiones, Arenal 2000, Arenal 2001, Rafael Gómez, Dolores Serrano y Grupo Prasa, a los que reclama 7,2 millones en concepto de principal (de los que 6,2 corresponden a capital de préstamo, 990.350, a intereses ordinarios, y 36.841, a intereses de demora), más 2 millones de euros en concepto de gastos y costas.
Quien se quede con las naves asume sus cargas, que, según el informe del Registro de la Propiedad que aparece entre la documentación de la subasta (fechado en el 2013), son varias hipotecas del Banco Popular, del Banco de Castilla, del Banco de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba; anotaciones preventivas de embargo del Juzgado de Instrucción número 3, del Ayuntamiento y de Hacienda; y anotaciones preventivas de incoación de expediente de disciplina urbanística.
Además, el adjudicatario se encontrará con que las naves están en unos terrenos considerados suelo no urbanizable de especial protección de la Vega, que necesitan un plan especial que ha sido anulado ya dos veces, la primera, por completo, y la segunda, en lo referente a dos de sus artículos. Sin un plan especial válido, y un posterior proyecto de actuación, las naves no podrán legalizarse. El Ayuntamiento ya se ha comprometido con la Junta a modificar los dos artículos. Cuando eso ocurra, las naves solo podrán utilizarse para uso industrial y la mitad de las mismas deberá ser demolido.
