Los constructores urgen a Urbanismo a aprobar la nueva ordenanza de inspección de edificios, ya que la vigente se encuentra «desfasada» y su grado de cumplimiento es mínimo, según explica el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Construcor, Francisco Carmona, que, además, considera que es el momento de aprovechar las ayudas europeas previstas. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha reclamado también en más de una ocasión la aprobación de esta ordenanzaConsejo del Movimiento Ciudadano, la última vez, a principios de este mes, cuando mostró su descontento por el retraso que sufre.

Esa urgencia viene motivada, entre otras razones, por la «oportunidad que se presenta de acceder al gran volumen de recursos» previstos a nivel europeo, que llegarán en los próximos tres años y para los que «hay que estar preparados», señala Carmona. La urgencia es ahora «mayor», según Carmona, porque «en los planes aprobados por Bruselas de ayudas no reembolsables, uno de los ejes es la rehabilitación energética de edificios públicos y privados en el segmento residencial» y en «un corto espacio de tiempo es necesario poner todos los instrumentos para acceder a esos fondos europeos».

Como el «concepto de rehabilitación en el marco de la directiva europea actúa a una escala superior que el del edificio, es decir, en áreas o zonas concretas», piensa que deben delimitarse ámbitos de intervención para una rehabilitación integral que «permita actuar en la envolvente del edificio, en las fachadas, en las cubiertas y en las zonas comunes» y, para ello, «es básico dar seguridad», que vendrá con la nueva ordenanza.

A su juicio, «es urgente que se apruebe la nueva ordenanza para dar seguridad y garantías a las comunidades de propietarios» ante el escenario de confusión que se creó al haber primero una normativa sobre inspección técnica de edificios (ITE) que fue sustituida por la que introducía los informes de eficiencia energética (IEE).

Según Carmona, la ordenanza «es un documento necesario porque tenemos obligaciones que vienen impuestas por las directrices europeas ligadas a la eficiencia energética». Además, con los informes de inspección «se ve el estado y la situación real del parque inmobiliario y eso es necesario para planificar y programar intervenciones que se tienen que ejecutar y priorizar lo más necesario». Además, esa información es primordial para «conocer qué régimen de ayudas serían necesarias para acometer actuaciones de rehabilitación».

Urbanismo, por su parte, prevé llevar al próximo consejo rector, que tendrá lugar el día 16, la ordenanza para su aprobación, o, como muy tarde, al de final de año. La idea transmitida por su presidente, Salvador Fuentes, es retomar su tramitación antes de que acabe el año y prorrogar una vez más los plazos vigentes, que expirarán el 31 de diciembre, cuando deberán haber pasado la revisión más de 13.000 edificios. Su intención es tener una ordenanza «viable» y que dé seguridad jurídica.

Con la ordenanza vigente en la actualidad, que es del 2012 pero tiene su origen en el 2009, los plazos fijados se vienen prorrogando año tras año por su escaso grado de cumplimiento, ya que apenas han presentado el informe de inspección el 3% de los que están obligados a ello. Con la actual ordenanza tanto viviendas unifamiliares como bloques de pisos de más de 50 años tienen que pasar la revisión. Con la nueva, que se redactó en el anterior mandato y en la que se incluirán las alegaciones vecinales presentadas, las viviendas unifamiliares no estarán obligadas a pasar la revisión. De esa manera, en vez de 13.000 edificios, serán 3.000 los obligados a someterse al chequeo cuando entre en vigor.