La defensa del grupo de amigos conocido como La Manadapor el abuso sexual a una joven de Pozoblanco y la violación grupal a otra joven en los sanfermines (ambos hechos ocurrieron en el 2016), y la asociación Clara Campoamor, que ha ejercido la acusación popular, han anunciado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo (paso previo a la presentación de los mismos) después de que la Audiencia provincial de Córdoba desestimara sus recursos de apelación por la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba.
La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, ha señalado que no recurrirá al Alto tribunal y, según ha podido saber este periódico, tampoco lo hará el Ministerio Público, que ya en su momento apuntó que no recurriría en apelación al considerar el fallo del Penal 1 "muy ajustado".
El abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a los procesados, ha detallado este miércoles que el primer motivo de su recurso está vinculado con la supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo por la admisión de los dos vídeos que recogen los hechos ocurridos en Pozoblanco, que considera una prueba "ilícita".
El segundo motivo es la presunta infracción de ley en relación con el delito contra la intimidad, ya que solo uno de los acusados reconoció haber grabado y distribuido las imágenes, pero fueron condenados los cuatro. Así, el letrado ha explicado que tanto la Audiencia provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra entendieron en su momento que solo se condenaba a quienes grababan las imágenes, mientras que en Córdoba han sido condenados los cuatro (quien grabó y quienes aparecían en los vídeos).
Martínez Becerra ha avanzado que el Tribunal Supremo se pronunciará el próximo 9 de diciembre sobre el recurso de casación planteado por la condena por el delito contra la intimidad cometido en Pamplona (en los citados sanfermines) y ha confiado en que "unifique criterio y solo sea delito del que graba".
En ese proceso, el recurso ha sido presentado porque dos miembros de La Manada fueron condenados sin que la víctima hubiera denunciado las grabaciones (entiende que no se dio el requisito de procedibilidad) y, en el caso de uno de los procesados, porque borró las imágenes de inmediato, por lo que el abogado considera que no puede recibir el mismo reproche penal que quien las almacenó.
En cuanto a la situación de los cuatro acusados, Antonio Manuel Guerrero continúa cumpliendo sus penas de prisión en Sevilla 1; José Ángel Prenda se encuentra en la cárcel de El Puerto 3; Alfonso Jesús Cabezuelo está en la de Salamanca y Jesús Escudero, en la de Huelva.
La acusación popular pide penas mayores
De su parte, la abogada Patricia Catalina, delegada de Clara Campoamor en Andalucía, ha indicado que en su recurso reclama una pena mayor para tres de los condenados por el abuso sexual en Pozoblanco, así como que se condene al cuarto acusado por una agresión sexual y no por un abuso.
En último lugar, también solicita un aumento de la indemnización por el daño moral ocasionado a la víctima, que ya fue incrementada por la Audiencia provincial de Córdoba de los 13.150 euros establecidos por el Penal 1, a 25.000 euros. Tanto esta acusación como la particular habían reclamado en un primer momento una cuantía de 80.000 euros.
