La Gerencia de Urbanismo tiene claro que "hay que dar una solución", y que debe hacerlo de mano de la Junta, al plan especial de la carretera de Palma, el documento urbanístico que define qué es posible y qué no en las 155 hectáreas de terreno en las que se encuentran las naves construidas sin licencia por el empresario y exconcejal Rafael Gómez, condenado por delitos contra la Hacienda pública y en libertad condicional.

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, afirma que hay que cumplir la sentencia del Supremo que anula dos artículos del plan y asegura que "se está trabajando ya" en ello, e, incluso, que "se venía trabajando desde hace un año en la Gerencia de Urbanismo" porque "hay que darle una solución a esa pastilla que ahora mismo no la tiene". Fuentes ha recordado que "se trata de una zona muy amplia que va desde las Palmeras hasta Medina Azahara" y "no solo del espacio que ocupan las naves de la Colecor".

Fuentes ha dejado claro que no va a ser él "el que marque un camino para que la Junta vaya por otro y tengamos el mismo problema que hubo hace tiempo", por lo que asegura que "iremos de la mano de la Junta con sus técnicos, y la Gerencia con los nuestros, y vamos a cumplir la sentencia y buscar un proyecto razonable y útil para la ciudad". "Todo lo que no sea eso", advierte, es "perder el tiempo y entrar en una dinámica de informes y contrainformes" para una actuación "inacabada de esa envergadura". A su juicio, y en referencia a las naves ilegales que empezaron a levantarse en el 2005, "eso es un mamotreto que tendrá que corregirse porque nadie entendía aquello". "Hay unas naves que están fuera de ordenación y se hicieron como se hicieron", recuerda. Por ello, es partidario de "reconducir ese tema y que ese espacio lo recupere la ciudad, pero como debe ser".

Tras conocer que el Banco Santander había solicitado la subasta de los terrenos en los que están las naves, Urbanismo ya avisó de que su idea era redactar los dos artículos tumbados por el Supremo a través de una comisión mixta de técnicos de la Junta y del organismo municipal. Los dos artículos anulados son los referentes a los usos permitidos y a la superficie que hay que dejar en pie de las naves. Sin el plan especial, las naves no pueden legalizarse y su futuro propietario tendrá poco margen de maniobra.