El Plan Especial de la Sierra es, junto al del Alcázar-Caballerizas y al de la carretera de Palma, uno de esos documentos urbanísticos que generan un gran debate pero que al final no llegan a nada porque quedan a medio tramitar o se topan con sentencias judiciales que obligan a rehacerlos o retocarlos. Diez años se cumplirán en mayo del 2021 del último trámite urbanístico que pasó el plan de la Sierra, la resolución de las 17 alegaciones que había recibido, y más de una década ha transcurrido ya desde que fue aprobado de forma inicial en junio del 2010. Más tiempo hace incluso si se toma como referencia la fecha en la que se ideó, el 2003, o en la que se realizaron los primeros trabajos, en el 2005.

¿Para qué servía el Plan de la Sierra? El documento pretendía proteger un ámbito de 30.000 hectáreas y ordenarlo, recogiendo qué usos están permitidos y qué actividades se pueden llevar a cabo. En total, el plan, que prohibía los usos industriales y las energías renovables, y permitía los recreativos, de restauración, turísticos no residenciales y los equipamientos, establecía once medidas valoradas en 39,4 millones de euros, pero, y esa fue una de las críticas que recibió, dejaba las 24 parcelaciones incluidas en el ámbito, con 1.600 viviendas, tal y como estaban en el PGOU, documento urbanístico de rango superior.

El plan distinguía entre las 10 urbanizaciones reconducibles mediante planes de mejora del medio rural y las 14 que no lo son al estar en suelo no urbanizable de especial protección, hándicap para lograr servicios básicos.

Entre las medidas incluidas en el plan estaban la creación de puntos de información en Trassierra, Cerro Muriano y el Lagar de la Cruz, donde habría un centro de visitantes; la transformación de La Palomera y el entorno del arroyo Pedroche en un parque periurbano; la creación de un parque recreativo en los alrededores de San Rafael de Navallana con camping, albergues, hotel rural, senderos, merenderos, miradores y restaurante; la puesta en valor de los miradores naturales de la Sierra (La Aduana, Santo Domingo, Torre Árboles, Ermitas y Las Niñas); y un observatorio nocturno en Torre Árboles.

El documento contemplaba una red de 17 senderos; convertir el trazado ferroviario Córdoba-Almorchón en vía verde; recuperar como zonas de baño los puentes de los Arenales, los Boquerones, Alto de las Cabreras y San Rafael de Navallana; crear una red de microreservas faunísticas en Las Jaras, canteras del arroyo Pedroche y fuentes de El Elefante y Bejarano; la elaboración de un catálogo de bienes con los edificios religiosos, minería histórica, puentes y acueductos, molinos, fuentes y alcubillas; y acabar con vertederos, descontaminar acuíferos y limpiar escombros.

Ninguna Corporación municipal, al margen de la que lo empezó a tramitar, la de IU y PSOE, ha retomado el plan a pesar de los compromisos de hacerlo, como el que hubo en la anterior etapa del PP. En el 2016, el expresidente de Urbanismo, Pedro García, anunció que continuaría con su tramitación donde se quedó e introduciría los cambios normativos necesarios para actualizarlo, abordando las parcelaciones de forma paralela pero fuera del mismo. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que fue uno de los colectivos que alegaron, siempre ha defendido retomar el plan llevándolo de nuevo a aprobación inicial. Su crítica ha sido que el plan no tiene en cuenta a las personas, tanto de Trassierra y Cerro Muriano como de las parcelaciones.