Hay que remontarse a octubre del 2016 para encontrar las primeras noticias sobre la reforma del aparcamiento de Reina Sofía, que se incluía en un plan de la Consejería de Salud (entonces en manos del PSOE) dotado con un presupuesto de 11,2 millones de euros (más IVA) y que recogía la privatización de los aparcamientos.

Las primeras críticas al proyecto vinieron del PP, entonces en la oposición en la Junta y el Ayuntamiento, y de Facua, pero tras ellas, en aluvión, llegaron las de CCOO, la junta de personal del propio hospital, IU... Todos vieron «un pelotazo urbanístico» en ciernes y el descontento cristalizó en una plataforma para luchar contra la privatización que se ha mantenido activa hasta hoy.

La entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio, y su socio de gobierno presionaron a la Junta para paralizar el proyecto y en marzo del 2017, se decide que el Ayuntamiento redacte un plan de movilidad del hospital, y luego se determine qué hacer con el aparcamiento.

Ese plan, que insistía en la privatización pero que aseguraba que el párking «costaría lo que el autobús», tardó un año y un mes en conocerse y recibió el mismo rechazo que la idea inicial de la Junta. Pasan los meses y llega diciembre del 2018: el Gobierno andaluz pasa a manos de PP y Cs. En junio del 2020, el SAS, con el consejero Jesús Aguirre (que había sido beligerante con el tema de la gratuidad), saca a concurso un nuevo pliego para la explotación de los aparcamientos, pero garantiza que el coste por aparcar será de 1 euro.

La plataforma y la oposición actual (incluido el PSOE que antes defendió la privatización) critican el cambio de criterio del PP, que terminó adjudicando ayer la licitación del polémico pliego.