El Ayuntamiento decidirá qué pasos dar cuando concluya la subasta de los terrenos en los que se encuentran las naves ilegales del empresario Rafael Gómez. El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este lunes que el gobierno local esperará a ver "cómo termina la subasta, en caso de que se produzca, y en qué términos se da esa finalización, y lo que nos comunique el juzgado, el Ayuntamiento lo estudiará y veremos qué pasos a seguir".
Torrico recuerda que "la subasta establece una prelación de pagos" y que la deuda que mantiene el empresario con el Ayuntamiento de Córdoba, que rozaba los 30 millones durante el mandato pasado, "no figura de las primeras". Además, indica que las naves "están afectadas por otro tipo de sanciones urbanísticas".
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la subasta, solicitada por el Banco de Santander, por 6,2 millones de euros de cinco propiedades de la carretera de Palma que suman más de 13 hectáreas de terreno rústico entre las que están los suelos ocupados por las naves de la antigua Colecor que levantó el empresario y exconcejal de UCOR sin licencia hace quince años.
El Ayuntamiento de Córdoba juega un importante papel en el futuro de estas naves, ya que en sus manos está el plan especial con el que podrían legalizarse. Ese plan, aprobado en el 2012 y tumbado definitivamente por el Supremo en el 2017, aunque solo en lo referente a los dos artículos más polémicos, el de los usos y el de los metros a derribar, está pendiente de que el Ayuntamiento redacte los dos artículos anulados. Sin ellos, sin la aprobación de nuevo de la totalidad del plan y sin un posterior proyecto de actuación, no hay posibilidad de que las naves tengan cobertura legal. Ese plan dirá qué puede quedarse en pie y qué usos pueden tener las naves, tarea controvertida en la que ninguno de los dos mandatos anteriores se atrevió a entrar, sobre todo, porque faltaba la sentencia definitiva, la del Supremo, tras la que ya han pasado tres años y no se ha dado ningún paso.
