El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda lectura, la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y generaliza los contratos por escrito en todas las operaciones. En concreto, con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza en el compromiso del Ejecutivo de modificar esta norma para impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la misma, fomentar la transparencia en la formación de precios y proteger a los eslabones más débiles en la cadena.
De esta forma, la nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el real decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación e incorpora en esta segunda fase al ordenamiento nacional la directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones del 2021 con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre del próximo año. Planas resaltó que la reforma pretende dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena y a la formación de precios, lograr un equilibrio en todos los eslabones y proteger al más débil, el agricultor y el ganadero. «Este es un proyecto que tiende a fomentar la innovación y la competitividad de la cadena, a tener un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada elemento de la cadena. Es un paso adelante de un sector que es altamente competitivo», indicó.
Asimismo, Planas subrayó el compromiso del Gobierno con el mundo rural y su transformación, por lo que avanzó que la intención para completar esta legislación es llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley para el desperdicio alimentario, que, a su juicio, es el complemento necesario para que el sistema alimentario funcione de forma correcta. Respecto al problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria, que no es exclusivo de España, el Gobierno considera «imprescindible y prioritario» perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles.
