La multinacional Clece reclama al Ayuntamiento de Córdoba 1,7 millones de euros y ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la prórroga del servicio de ayuda a domicilio en la capital cordobesa, que tuvo que ejecutar obligada por la administración local en aras del interés general en el año 2018.

La empresa multiservicios acude a la última instancia del ordenamiento jurídico después de que los letrados municipales hayan ganado los anteriores pleitos en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (19 de marzo del 2019), que condenó a Clece al pago de las costas del proceso. Cabe recordar que la multinacional presentó en noviembre del 2017 un recurso contra la decisión adoptada por el equipo de gobierno (a manos entonces de PSOE e IU), adoptada en el mes de julio por «interés público», de obligarle a prestar el servicio de la ayuda a domicilio, después de que la multinacional decidiera unilateralmente dejar de hacerlo por lo que consideraba ataques del equipo de gobierno a su imagen, tras las protestas de sus trabajadores por sus condiciones laborales. El equipo de gobierno obligó entonces a Clece a mantener sus servicios hasta una nueva adjudicación de la ayuda a domicilio que se produjo, finalmente, en junio del 2018.

Ahora ante el Supremo, la empresa vuelve a exponer los mismos argumentos jurídicos esgrimidos hasta ahora al considerar que el Ayuntamiento de Córdoba infringió dos artículos del Texto Refundido de la ley de contratos del servicio público al considerar que se le impuso de manera forzosa y unilateral la última prórroga y que el argumento del «interés general» expresado por la administración local no puede eximir del cumplimiento de las normas. Y menos aún, dice el recurso, «si se produce a pesar de haber manifestado la contratista con la suficiente antelación su voluntad de no prorrogar». Consideran que la actuación del Ayuntamiento de Córdoba fue nula de pleno derecho, al imponer la prórroga del servicio «que ya entonces resultaba deficitario», sostiene la multinacional, y cuando podía convocar una nueva licitación.

Clece reclama una indemnización de 883.238 euros y 151.250 euros por cada mes transcurrido desde febrero del 2018 hasta julio de ese mismo año, cuando se adjudicó de nuevo el servicio por un montante cercano a los 15 millones de euros.