El INSS deniega en Córdoba la mitad de solicitudes de ingreso mínimo

Sin embargo, de momento, el 60% de las solicitudes, 13.313, siguen en trámite, pendientes de una respuesta. La Administración ha resuelto el otro 40%, 8.872, de las cuales más de la mitad, 4.601, han sido denegadas y 4.271 han sido aprobadas. Así, hasta la fecha, solo 2 de cada 10 solicitudes han sido ya resueltas y aprobadas y están percibiendo la ayuda correspondiente. Según el INSS, la mayoría de las denegaciones se debe a que los solicitantes «superan los niveles de renta y patrimonio establecidos», si bien no informa de la cantidad media que reciben las familias ni de cuáles son los errores subsanables más habituales. Tampoco ha sido posible hablar con ninguna persona del INSS, que actualmente atiende de forma presencial con cita previa, para conocer los requisitos de la tramitación y contrastar la información recabada por otras fuentes.

Quienes sí hablan sobre el tema son las entidades sociales que se han visto forzadas a asesorar a multitud de cordobeses que, incapaces de cumplimentar las solicitudes por sí mismos, hacen cola en determinados puntos de la ciudad para recibir la ayuda que no les presta la Administración. En el barrio del Guadalquivir, la Asociación de Educadores Encuentros en la Calle lleva meses sumando a su trabajo habitual este servicio. «Nosotros tenemos una serie de programas, pero recibimos una avalancha de gente que no sabe cómo pedir de forma telemática el ingreso mínimo ni las ayudas de emergencia municipales y que se encuentran con que ni Seguridad Social ni Servicios Sociales les ayudan de una forma presencial», explica Rafael Corpas, coordinador de la entidad.

«La solicitud digital de esta ayuda es muy complicada incluso para gente formada, hay que recopilar un montón de documentación de distintas administraciones como el certificado de empadronamiento, para el que te dan cita como mínimo para un mes y medio más tarde, y además, no todo el mundo sabe manejar las nuevas tecnologías ni tiene un ordenador o wifi para dedicarle el tiempo que eso requiere». Según Corpas, «no se explica que en estas circunstancias, las administraciones no les atiendan y que tampoco haya convocatorias para ofrecer el servicio a través de las oenegés». En la oficina de Encuentros en la Calle reciben personas desde las 9 de la mañana «y hay días que a las tres de la tarde seguimos con esto, estamos desbordados». No solo reciben a sus usuarios habituales «sino que hay trabajadores sociales del Ayuntamiento que derivan a la gente a nosotros», comentan.

En el centro social Rey Heredia, donde varios voluntarios llevan varios meses ayudando a las familias los lunes por la tarde, tampoco entienden por qué ninguna administración está dando respuesta a esta demanda social ni por qué «los Servicios Sociales nos mandan gente a nosotros». La casuística a la que se enfrentan es muy variada. «Hay muchas solicitudes denegadas por superar los ingresos en el 2019, pese a que el covid los ha dejado sin nada y a que la norma prevea estos casos - explica uno de los asesores-. Tenemos una persona a la que se le deniega por tener participación en una empresa de la que no ha oído hablar en su vida; personas sin ingresos que han heredado un piso entre varios hermanos al morir los padres y a las que les computa como patrimonio sin tener en cuenta su situación; unidades de convivencia en las que hay varias personas, con o sin relación familiar, y si uno gana bien y otro está sin nada, a este se le deniega porque, al vivir bajo el mismo techo, se supone que el otro lo mantiene». El caso «más sangrante» es el de las personas

El papeleo: Una auténtica odisea burocrática

El papeleo: Una auténtica odisea burocrática

Ser beneficiario potencial del ingreso mínimo vital (IMV) requiere cumplir una serie de requisitos debidamente acreditados con documentos oficiales que deben ser presentados de forma telemática. Toda «una odisea burocrática», según los que se han enfrentado a ello, teniendo en cuenta que estas ayudas van dirigidas a las esferas con menos recursos y las más afectadas por la brecha digital. A diferencia de otras ayudas, que se dan a la unidad familiar, esta va dirigida a la «unidad de convivencia», al conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, por lo que si en una vivienda hay padres, hijos y nietos, solo se concede una ayuda, lo que complica la tramitación. Para pedir la ayuda, las personas de la unidad de convivencia deben estar empadronadas en España desde al menos un año antes, tener menos de 65 años o más de 23 (salvo si hay un menor a cargo) y, si la persona vive sola, demostrar que se emancipó al menos 3 años antes de presentar la solicitud. También hay que acreditar que se han solicitado, aunque no las perciba, todas las prestaciones a las que se pudiera tener derecho y estar inscrito como demandante de empleo (tarjeta del paro).

Además de los ingresos, influye el patrimonio. Una persona sola no puede tener un patrimonio de más de 16.000 euros y un hogar de 4 o más personas, hasta un máximo de unos 43.000 euros. El IMV depende de la llamada «renta garantizada anual» que establece el tope máximo que puede ingresar el solicitante para tener derecho, 5.538 euros para una persona sola y hasta 12.183 euros para una pareja con tres o más hijos. En teoría, se puede solicitar si en lo que va del 2020, los ingresos anuales han estado por debajo de esas cantidades aunque, según las oenegés, no se está teniendo en cuenta.

Si se cumplen todos los requisitos y la ayuda se aprueba, la cantidad a percibir varía. Se dice que el IMV es compatible con otras ayudas, pero cualquier ingreso se descuenta, no se suma. Por ejemplo, la renta mínima vital de una persona sola, es decir, la cantidad con la que el Gobierno entiende que puede vivir, son 461,53 euros. Si percibe el subsidio de 430 euros por estar parado, el IMV será el restante, unos 30 euros.