El alcalde de Córdoba, José María Bellido, podrá desoír al Pleno y actuar como decida él o en su defecto la junta de gobierno local o el consejo rector del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) respecto a la externalización de parte del Festival de la Guitarra. El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha emitido un informe sobre esta cuestión atendiendo a la petición del concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, después de que la oposición uniera sus votos, en la sesión plenaria celebrada la semana pasada, para rechazar de forma unánime la privatización de siete conciertos de la cita cultural. En aquella moción, la oposición al completo (PSOE, IU, Podemos y Vox) aprobaron un texto en el que instan al gobierno municipal a que paralice y retire el procedimiento iniciado de externalización del festival, al entender que la organización y gestión de dicho evento debe ser desarrollada por el equipo humano del IMAE, como ocurre desde que el Ayuntamiento asumió la titularidad en 1987.
Además se pedía a PP y Cs a que dotasen al IMAE de los recursos materiales y humanos para la organización y gestión del festival, y a contar con un consejo asesor experto para la organización de la cita. En última instancia, la propuesta incluye un punto que recuerda que las mociones son «de obligado cumplimiento» y que es, precisamente, lo que cuestiona ahora el secretario.
En su informe, Lavela recuerda que cada órgano tiene que ejercer las funciones que le corresponde por ley y que no existe «supremacía» de unos órganos respecto a otros, porque admitir la tesis contraria sería lo mismo que decir que el Pleno podría prevalecer sobre otros órganos como Alcaldía o la junta de gobierno local y pasaría a ser el único órgano real de gobierno en el Ayuntamiento. De admitir la tesis de que el Pleno prevalece sobre cualquier otro órgano, bastaría la suma de votos de la oposición y Vox (15 concejales, es decir, mayoría absoluta para gobernar el Ayuntamiento), lo que llevaría, en opinión del secretario, a «una total desnaturalización y ruptura de la división de poderes y distribución de roles y competencias en el ámbito local, de forma que el Pleno pasaría a ser el único y exclusivo órgano de gobierno de la ciudad en tanto que podría imponer sus criterios, acuerdos y decisiones al resto de órganos de gobierno municipales, así como que podría suspender, vetar y obstruir cualquier iniciativa». Entiende también el secretario que una hipotética impugnación en los tribunales --a los que los grupos de la oposición han aludido en algún momento de este proceso-- no prosperaría y deja en el ámbito político la decisión última que el alcalde adopte sobre este particular de una cita que ha cumplido los 40 años.
