El Partido Popular reclamará en el pleno municipal la construcción de las dos comisarías de Policía comprometidas con Córdoba y el impulso de una ley antiokupas. El grupo municipal del PP presentará mañana en el pleno sendas mociones en las que insta al Gobierno de España a que cumpla su compromiso con Córdoba e inicie los trámites para la construcción de las dos comisarías del Cuerpo Nacional de Policía comprometidas en el año 2018, así como el impulso de una ley antiokupas que combata eficazmente el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
En la primera de las mociones, el PP recuerda que el 9 de febrero del 2018, impulsado por el Gobierno del PP con José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad, se firmó un protocolo general de actuaciones entre el Ayuntamiento Córdoba y el Ministerio del Interior para la cesión de dos parcelas por el Consistorio al Estado para que el Ministerio del Interior construyera dos comisarías, la de Poniente y la de la Fuensanta.
Más de dos años después de este compromiso, recuerda el PP, con una inversión de 12 millones de euros, "nada se sabe de este proyecto por parte del Gobierno del PSOE". Por este motivo, el grupo insta "al Gobierno de Pedro Sánchez a la aceptación de los solares cedidos por el Ayuntamiento de Córdoba para la construcción de las nuevas comisarías de Policía Nacional", así como reclama el inicio de los trámites necesarios para la redacción de proyectos y la licitación de las obras de las nuevas comisarías de Policía Nacional en Córdoba.
Por otra parte, la segunda de las mociones insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a poner en marcha una ley que frene la ocupación ilegal de viviendas, "un problema que afecta a Córdoba y a todo el territorio nacional" y que, en los últimos cinco años, ha experimentado un crecimiento de un 58%. El PP insta al Gobierno central a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
Esta moción recoge la petición del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados y contempla, entre otras medidas, que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia; y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y, si estas personas son responsables políticos, incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
