«Prácticamente, sigo confinado», afirma Rafael Letrán, uno de los vecinos que residen en la cuarta planta (en realidad, es una tercera) de Tirso de Molina, 1, en el barrio del Santuario. El de este edificio es uno de los tres proyectos de instalación de ascensores subvencionados por la Junta de Andalucía que se han quedado estancados. Rafael recuerda que la obra comenzó hace casi dos años, pero aún no ha terminado, por lo que «estoy de ascensor hasta la coronilla».

Enfermo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) señala que «todos los días no bajo a la calle, ni mucho menos. Puedo bajar, pero me cuesta la misma vida. Bajo una planta y me tengo que parar a descansar». A sus 72 años, indica que tanto él como su esposa son ya «mayorcitos» y admite que no puede llevar bolsas, porque «ya me cuesta trabajo solo». De este modo, entiende que el ascensor «es imprescindibe y si lo tuviera, aquí (en su vivienda) no iba a estar encerrado». «Cuando tengo que hacer algo, voy, lo hago y paso bastante rato fuera hasta que subo. Ando un trozo de camino y me canso, pero a los dos o tres minutos me encuentro bien», destaca acerca de su día.

La falta de esta infraestructura se suma a la situación de riesgo para la salud generada por la pandemia de coronavirus, por lo que confiesa que «ya no se atreve mucho uno, se va a lo imprescindible, pero tampoco puedo estar todo el día con el aire acondicionado».

En cuanto a las vicisitudes de la obra, apunta que la primera adjudicataria no pudo continuar y en julio del 2019 la retomó una nueva. Ahora, pide a los vecinos que abonen 500 euros por una rampa que ellos entienden que está pagada. «El constructor dice que si no hay rampa no se activa el ascensor, es una exigencia para que paguemos. Esto va para largo» asegura. En un primer momento, abonaron unos 240 euros y «estamos todos al día, pero vienen un albañil o dos, están un día y luego pasan semanas sin que vuelvan. Hemos indagado y estamos en nuestro derecho, cómo nos hacen esto», se pregunta.

«Algunos murieron»

Rafael Carmona, presidente de la asociación de vecinos Santuario y miembro de la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara que durante años ha sido la voz de la entidad en este proceso, estima que más de 300 comunidades de vecinos tienen proyectos aprobados desde hace más de una década (cuando la Junta de Andalucía dio luz verde a unas 400 actuaciones en Córdoba y provincia) pero todavía no se han ejecutado. Las subvenciones de aquellos años oscilaban entre el 75% y el 95% del proyecto. Con la llegada de la crisis económica, se interrumpieron, pero «a partir del 2016 o el 2017, cada año salían subvenciones del 50%. Se han dado unas 30 o 40 ayudas anuales, aunque algunos años no se ha podido hacer por retrasos de la propia Administración», explica.

Junto a esto, señala que «de las cinco comunidades últimas que se acogieron a la subvención del año 2018 en el Santuario, por ejemplo, hay tres (pasaje Santa Rosalía, 4; Tirso de Molina, 1, y Calderón de la Barca, 1) que llevan más de un año empantanadas y cobrando a las familias 500 o 600 euros de sobrecoste. La propia Administración debe velar por ese interés del 50% que aporta. Nos parece impresentable. Están sin poder disfrutar del ascensor y con más problemas que antes, porque tienen una obra en el bloque. Muchos no pueden ni bajar, por esta obra y por los problemas de movilidad, tenemos que llevarle la compra», subraya.

Para Camona, aunque las referidas 300 comunidades de vecinos no llegasen al último paso de firmar un convenio, la aprobación de sus proyectos sí constituye un «compromiso de la Junta de Andalucía» y rememora que «quienes la dirigen ahora estuvieron con nosotros peleando y se comprometieron con las comunidades de vecinos cuando estaban en la oposición». «Algunos afectados murieron sin poder disfrutar de sus ascensores», lamenta.

Por su parte, el presidente de Al Zahara, Antonio Toledano, confirma que «estamos intentando que alguna Administración pueda poner fin al confinamiento. A ver si entre todas se puede paliar la situación de estas personas», manifiesta en referencia a las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Córdoba.

Las administraciones

La Consejería de Fomento detalla que el programa de ascensores iniciado en el 2005 dejó pendientes de ejecutar 41 actuaciones en Córdoba, «que afectaban a comunidades de propietarios privados que ya habían firmado convenio con la Junta de Andalucía para su financiación». Sobre el desarrollo de estas intervenciones, sostiene que con la llegada del nuevo Ejecutivo andaluz (formado por el PP y Cs) «se ha dado un impulso al atasco existente y ya se han ejecutado y están finalizadas 14 obras, mientras que otras tres se encuentran actualmente en ejecución».

Consultadas por los tres casos que se encuentran sin finalizar, desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) precisan que estas comunidades comparten administrador de fincas, arquitecto y constructor, y en abril del 2018 accedieron a una subvención de 21.257 euros cada una. Entre otros datos, explican que se le ha ampliado el plazo de ejecución de las obras varias veces para que no perdiesen la ayuda y ahora cuentan con margen hasta el próximo 15 de diciembre.

También manifiestan que «ante problemas con la empresa que está realizando las obras en Tirso de Molina, 1, pide ayuda a la delegación para que intermedie entre el contratista y la comunidad. El pasado 6 de agosto un técnico queda con la comunidad , el técnico y la administradora, que no acude, para tener una reunión que dé como solución terminar las obras».

Además, subraya que «ni AVRA ni la delegación territorial son responsables de la situación de dichas comunidades. El problema es con la contratación que ha realizado la comunidad».

En otro orden de cosas, Fomento indica que 13 expedientes que quedaban pendientes han sido resueltos, «porque o bien las comunidades de propietarios han renunciado a continuar, o no han respondido a la petición de documentos». Por tanto, quedan pendientes 11 expedientes y «todos ellos están en diferentes fases de tramitación», aclaran.

A esto agregan que «la secretaría general de Vivienda publicará el próximo otoño las resoluciones definitivas de las convocatorias de rehabilitación de viviendas y edificios», y después podrán comenzar las obras, «muchas de ellas, dirigidas a la instalación de ascensores».

En el ámbito local, la empresa municipal de vivienda (Vimcorsa) informó recientemente de que ha previsto comenzar a facilitar, a partir del próximo mes de septiembre, los 1,2 millones de euros recogidos en su presupuesto para ayudas a la rehabilitación y a la instalación de ascensores.