La inminente apertura de los centros educativos y la inseguridad ante lo que pasará en un futuro inmediato ha elevado la preocupación de ampas, docentes, sindicatos y alumnado. Unos y otros piden garantías para afrontar el curso escolar con los mínimos riesgos, y ayuda y compresión por parte de la administración para ejecutar los distintos planes y protocolos.
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En este sentido UGT criticaba ayer en un comunicado la «indiferencia» por parte de la Consejería de Educación y Deporte por no haber contado con los sindicatos y agentes sociales del sector educativo para establecer unos criterios participativos de vuelta a las aulas. Junto a ello denunciaba la «sobrecarga» de trabajo de los equipos directivos para elaborar las medidas de seguridad de cada centro.
Coincidía con él el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, y el responsable de Pública Docente de CCOO en Córdoba, Manuel Luna, quien manifestaba a Diario CÓRDOBA que «las cosas se están haciendo a salto de mata y pasando de puntillas por todos los sitios», mientras que la administración deja a los equipos directivos de los centros educativos «toda la responsabilidad de la salud» de alumnado y docentes sin tener en cuenta que «no son profesionales en salud».
Por su parte, CSIF subrayaba ayer que los protocolos para una vuelta segura a las aulas en septiembre «deben ir acompañados de recursos suficientes y de medidas para su puesta en práctica» para que «tengamos las máximas garantías de seguridad».
Por otro lado, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) lamentaba la «falta de información a los padres desde los distintos órganos con competencias» y pedía la creación de un observatorio de información, asesoramiento, seguimiento y control del desarrollo de la actividad educativa, donde se normalice el control y seguimiento de las vicisitudes que al respecto puedan necesitar tanto los centros educativos como los sectores afectados». Este observatorio debería estar representado, según Concapa, por los sectores educativos afectados, instituciones y organismos educativos públicos y privados y autoridades sanitarias y de la comunidad científica.
Por otro lado, para la próxima semana está previsto que se celebren distintas asambleas en Andalucía a las que asistirán, como ya anunció en este diario la Plataforma de AMPA Cordobesas Niños del Sur, más de 60 colectivos de toda la Comunidad Autónoma, entre Ampas, familias y docentes a título individual o sindicatos.
