Los juzgados cordobeses celebran en la actualidad la subasta de 31 bienes inmuebles valorados en 7,3 millones de euros para satisfacer reclamaciones de cantidades por un importe total de 5 millones de euros, según recoge la información publicada en el portal del Boletín Oficial del Estado. Todos los procesos han comenzado en el presente mes de julio y algunos finalizan mañana, y las personas interesadas en participar debe registrarse en el Portal de Subastas Electrónicas.
En el caso de Córdoba, encontrará bienes inmuebles (otras categorías son la de bienes muebles y vehículos), entre los que sobresalen un solar en Lucena valorado en 1 millón de euros; una vivienda localizada en la calle San Basilio de la capital que cuesta 619.750 euros; una nave industrial en Posadas valorada en 993.912 euros (que en la actualidad se encuentra alquilada), y un local comercial ubicado también en el municipio de Lucena y cuyo precio asciende a 383.283 euros.
La subasta más llamativa, que es una de las que concluyen mañana, está siendo ejecutada por el juzgado de Primera Instancia número 10 de Córdoba. La cantidad reclamada en este caso asciende a 1,8 millones de euros y comprende once lotes por un valor global de 2,2 millones de euros. Todos los bienes subastados son viviendas ubicadas en el mismo edificio de la calle Juan de Cervantes y sus valores oscilan entre los 241.676 euros de dos de ellas y los 130.669 euros de una tercera.
En cuanto a los precios más bajos que se pueden encontrar en las subastas judiciales activas, cabe destacar una vivienda unifamiliar en Baena valorada en 31.600 euros; un piso en Rute por 42.316 euros y otros dos, de 60.726 euros y 68.247 euros, localizados en la capital. De este modo, de los 31 bienes inmuebles sometidos a estos procesos, 24 son viviendas. Dos de ellas, en la ciudad de Córdoba, tienen ocupantes desconocidos y otras dos, en Lucena, son viviendas habituales.
Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado a este periódico que a raíz del decreto del estado de alarma para frenar la pandemia de coronavirus y la suspensión de los plazos procesales «se dieron de baja todas las subastas judiciales que el 14 de marzo se estaban celebrando». Una vez que esta suspensión fue alzada el 4 de junio, se iniciaron de nuevo las subastas con la publicación del anuncio. Consultadas por el porcentaje de casos en los que se logra vender los bienes, las mismas fuentes apuntan que, aproximadamente, el objetivo se consigue en alrededor del 60% de las subastas con postores y el 40% de aquellas que quedan desiertas, «en un escenario normal».
En este sentido, también detallan que cuando el bien no es adquirido, «el acreedor puede pedir que se le adjudique a cambio de la deuda, lo que concluye con la adjudicación del bien y con la extinción de la deuda». A esto añaden que «en este proceso, la ley establece unas garantías para el deudor, fundamentalmente, cuando lo que se subasta es su vivienda».
Consultadas por las entidades que, de forma mayoritaria, inician los procesos que finalizan en subasta, detallan que esta «casi siempre se inicia a instancia de un acreedor, por lo que, en la práctica, son las entidades financieras quienes más subastas instan en España». Sin embargo, matizan que «hay otros supuestos frecuentes (aunque menos) como, por ejemplo, la subasta solicitada por los titulares de los bienes para dividir una herencia o deshacer un proindiviso. También se subastan muchos bienes en los concursos de acreedores, en los que hay que vender todos los bienes del deudor antes de cerrar el procedimiento», añaden.
