El martes atendieron los últimos casos aunque podrían haber seguido porque la demanda de ayuda era ingente. La asociación de Acción e Investigación para el Desarrollo AID ha cerrado un capítulo de voluntariado que les ha llevado a ayudar a más de 300 familias de distintos distritos de Córdoba a solicitar el ingreso mínimo vital, supliendo así la falta de recursos públicos dispuestos en esta tarea. «Nosotros no nos dedicamos a esto sino a cuestiones socieducativas, pero viendo la situación, Cristina, una voluntaria estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales de Loyola, propuso ayudar a la gente que lo necesitara a hacer los trámites», explica Marta Campos, secretaria de la entidad. Contaron para ello con la ayuda de otros estudiantes de Loyola dispuestos a echar una mano.
Desde mediados de junio, las salas contiguas de la iglesia San Ignacio de Loyola, en el barrio del Guadalquivir, cedidas por el párroco, se convirtieron en sede temporal de AID a la que han acudido multitud de familias para pedir ayuda. «Nos hemos encontrado de todo, hay muchísimas personas que no saben cómo hacer las gestiones porque no tienen internet, ordenador o no saben escanear sus documentos o gente que no puede hacerlo porque no saben leer ni escribir», señala Cristina.
En estos días han visto casos de todo tipo. «Desde familias que se han quedado en esta crisis en paro por primera vez y no tienen idea de dónde acudir a personas en situación de pobreza crónica que no tienen para comer, inmigrantes, personas sin hogar, rumanos de los asentamientos, de todo», afirma. Durante un mes, han atendido a una media de 28 personas diarias durante dos o tres días a la semana y han llegado a la conclusión de que es la administración pública quien tiene que ofrecer este servicio. «Nosotros queríamos ser un complemento, pero no hay ninguna institución donde ellos puedan ir presencialmente a que les ayuden a tramitar algo que es básico para tener un ingreso que les permita comer», recalcan. Según Campos, «hemos decidido cerrar porque no podemos seguir indefinidamente, pero no es normal que la Seguridad Social no ofrezca este servicio».
El trámite, aparentemente es sencillo, «pero no accesible para personas que tienen dificultades o no saben manejarse en internet», señala Cristina. Nada más empezar, tienes que tener internet y meter tus datos y adjuntar el DNI, «pero hay mucha gente que no sabe qué es eso de adjuntar el DNI, ni saben escanearlo o hacer una foto para subirlo a la web». La brecha digital se manifiesta en estas gestiones, algo que no se tiene en cuenta, puesto que las personas que mayoritariamente van a solicitar ese ingreso mínimo vital son quienes más problemas tienen para manejarse con estas cuestiones y acceder a equipos informáticos, explican en AID.
Casi todas las personas que han acudido a la asociación en este tiempo «cumple los requisitos para acceder a la ayuda» y aunque muchos deberían estar entre los receptores de oficio «están esperando aún el ingreso y cuando nos preguntan solo podemos decirles que no sabemos el motivo», indica Cristina. En cambio, si fuera la propia administración quien prestara el servicio, tendría acceso a los datos de los usuarios y podría saber en qué fase de tramitación está su solicitud y si hay algún problema que explique el retraso.
Según fuentes de la Seguridad Social, hasta el momento se han tramitado en torno a 8.000 solicitudes del ingreso mínimo vital en la provincia de Córdoba. También indica que existe la posibilidad de solicitar cita previa presencial para realizar los trámites en alguno de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social de Córdoba, un trámite que se puede realizar por vía telefónica en el 901 106570, línea a la que conviene no llamar desde un móvil por su coste, o a través de internet. Este periódico ha intentado solicitar una cita en cualquier centro de la provincia y fue imposible porque no había disponibilidad a ninguna hora en ninguno de los centros.
Por su parte, los Servicios Sociales Comunitarios, que tampoco dispone de un servicio de asesoramiento para atender a los ciudadanos que requieran ayuda para la solicitud, recuerdan que el Ayuntamiento «no interviene en la tramitación del ingreso mínimo vital ni en su pago». En esta fase, los Ayuntamientos colaboran «dando información precisa al INSS sobre los solicitantes». El convenio que estaba pendiente entre el Gobierno y los ayuntamientos sigue pendiente más allá de un borrador «que sigue pendiente de retoques por parte del Ministerio» y cuya finalidad es establecer el control y seguimiento de los itinerarios de inserción laboral a cuyo cumplimiento se supone que está condicionada la continuidad de esta prestación.
