El consejo rector de Urbanismo ha aprobado este miércoles el incremento de gasto que ha supuesto la reforma de la antigua Magisterio, que ha costado 5,7 millones en vez de los 5,2 millones previstos, por lo que el presupuesto se ha elevado casi un 10% (un 9,64%), es decir, en 507.229 euros. El consejo rector ha dado también luz verde a la certificación final de obra por valor de 813.556 euros. El punto había entrado por urgencias y contra los acuerdos que implicaba han votado PSOE e IU. Aunque la certificación final de obra estaba desde febrero, no se ha podido llevar hasta ahora al consejo con motivo del estado de alarma, según los informes existentes.

Entre los documentos que han llegado al consejo, se encuentra el del acta de recepción de las obras, que se produjo el 20 de noviembre del 2019, en el que consta que se han subsanado las deficiencias señaladas un año antes pero indica que aún quedaban desperfectos pendientes que no impedían la entrega pero que había que solventar en el plazo de un mes. Otro informe posterior, de mayo del 2020, redactado por la dirección facultativa (técnicos de Urbanismo) señala que "se ha comprobado la correcta ejecución y subsanación de las deficiencias".

La certificación final de obra llega con un informe de Intervención conforme pero con observaciones, emitido después de otros dos anteriores disconformes, en los que, entre otras cuestiones, se refería a las acciones pendientes. Intervención, a pesar de entender que los repasos a subsanar responden "a la falta de un profunda limpieza de la obra" o "al deterioro por el transcurso del tiempo transcurrido desde su inicio", exigía un informe en el que se comprobasen que las observaciones habían sido subsanadas, que es el que se aportó en mayo.

Hay que recordar que entre los problemas que ha tenido este proyecto está el surgido en la fase final de la obra, durante el anterior mandato, cuando Urbanismo, en manos de IU, detectó múltiples deficiencias que impedían su recepción. Urbanismo decía entonces que había partidas de obra no ejecutadas, unidades defectuosas y mal reparadas, trabajos pendientes y certificados sin aportar. En cambio, la empresa aseguraba que las obras se encontraban en situación de ser recibidas desde mayo del 2017 y que ejecutó los repasos exigidos. Ya durante el mandato del PP, y tras un informe del Consejo Consultivo que no apoyaba la idea del Ayuntamiento de resolver el contrato, Urbanismo dio un nuevo ultimátum a la empresa para que subsanara las deficiencias que terminó en la firma del acta de recepción que permite abrir el edificio, al que ya se está trasladando el área de transformación digital.