La Delegación de Salud y Familias y la Dirección del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir han mostrado su "repulsa" y "condena" al "episodio de violencia" contra un profesional sanitario en el desempeño de sus labores asistenciales al que trasladan todo su apoyo. A las doce de la mañana profesionales de este centro de salud y autoridades sanitarias, tales como la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, o el director del Distrito Córdoba-Guadalquivir, José Manuel Rumbao, han participado en una concentración de repulsa por el hecho sucedido y en contra de las agresiones a profesionales de la sanidad.
Según la Junta, hoy miércoles un médico de atención primaria, del centro de salud Levante Norte (en la avenida Carlos III), fue agredido por un usuario al que atendía. La Policía Nacional se personó en el centro y ha tomado declaración tanto a la víctima como al supuesto agresor. Otras fuentes sanitarias añadieron que la agresión física se produjo poco antes de las 9 de la mañana y que se dio aviso a la Policía Nacional, ante la agresión sufrida por un médico por parte de un paciente. El doctor fue trasladado al hospital Reina Sofía, ya que recibió varios puñetazos en la cara que le afectaron al tabique nasal, precisaron dichas fuentes. Personados allí los agentes y, tras la toma de declaraciones, el facultativo está en disposición de interponer la denuncia pertinente.
Las mencionadas fuentes expusieron que el paciente solicitó ser atendido en el centro de salud, sin tener cita previa, y se le explicó que, desde el estado de alarma, si la demanda no es urgente, se necesita primero llamar por teléfono, para que el facultativo que tenga asignado el usuario decida si la consulta que le va a prestar se realiza de forma presencial o telemática. En el caso que fuera presencial, se le da día y hora para la misma.
La delegada de Salud y Familias, nada más conocer los hechos se ha puesto a disposición de este profesional a quien quiere mostrar todo su respaldo y solidaridad.
En una nota, la Delegación de Salud y Familias recuerda que "la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión". La Junta recuerda, que desde la Consejería, se están desarrollando nuevas medidas más efectivas para proteger a los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad.
