La Junta de Andalucía ha denunciado ante el mando único la celebración el martes 26 de mayo de una reunión de 27 personas en una vivienda particular de Córdoba en la que al menos una persona había dado positivo por coronavirus. Según la denuncia de la Junta, esta persona habría viajado desde Bélgica a Madrid en avión el día 24, y habría llegado a Córdoba en AVE ese mismo día, pero otras fuentes precisan que se trata de un aristócrata Belga que habría viajado desde Nueva York porque tiene relaciones con una familia cordobesa. Dos días después se habría celebrado la fiesta y un día más tarde, el 27, esta persona habría presentado síntomas de la enfermedad, por lo que este viernes se le han practicado las pruebas PCR por covid-19 con resultado positivo.
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Además, también este viernes, la Junta de Andalucía ha contactado con el resto de personas participantes en la reunión y los ha puesto en cuarentena. Se han denunciado los hechos ante la Subdelegación del Gobierno por si considera procedente investigarlos, en previsión de que se hayan podido cometer irregularidades. El total de contactos que al parecer asistieron a la reunión son 27, cinco de los cuales tienen residencia en Sevilla. Al principio no fue posible contactar telefónicamente con ellos, aunque, finalmente, fueron encontrados por el Distrito Sanitario de Sevilla.
Las sanciones por celebrar reuniones de más del aforo permitido en la fase 2 de la desecalada (15 personas) puede acarrear sanciones de entre 600 y 10.000 euros.
Investigación abierta
La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido en una fiesta. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado a este periódico de la apertura de dicha investigación, después de que los participantes en el encuentro hubieran podido incurrir en la infracción de algún delito por el incumplimiento de las medidas establecidas en la fase 2 del plan de desescalada.
Por su parte, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha pedido a las autoridades competentes que actúen con “la máxima contundencia” en la investigación y en materia de sanciones.
Torrico ha calificado los hechos de “totalmente irresponsables” y ha recordado que este tipo de comportamientos "nos ponen en riesgo a todos y, por este motivo, deben ser castigados con la máxima contundencia con sanciones ejemplares”.
