El Ayuntamiento tiene prácticamente cerrado el plan de choque que quiere aplicar para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus. Ayer hubo reuniones a dos bandas, con los agentes económicos y sociales, por un lado, y con los portavoces de los grupos municipales, por otro. Paralelamente, también hubo movimientos por parte de UGT, que envió una carta tanto al alcalde, José María Bellido, como al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, en la que pone condiciones para su vuelta a la concertación social, que dio por rota hace unos días.
El equipo de gobierno no ha desvelado aún cómo será ese plan de choque, del que solo ha presentado dos de sus ejes. Fuentes del gobierno local solo dijeron ayer que se está «avanzando tanto con los agentes sociales como con los grupos» y que habrá una nueva reunión a partir del jueves. CECO, por su parte, ha indicado que ya informó del documento en su último comité ejecutivo, por lo que cuenta con sus parabienes. En cuanto a CCOO confirma que la negociación se ha cerrado y que solo queda la redacción definitiva y que este sindicato decida si firma o no.
UGT, por su parte, que no asistió a la reunión sobre el plan de choque que hubo la semana pasada ni a la de ayer, mantiene su voluntad por participar pero siempre y cuando se respeten unas exigencias mínimas. Esas exigencias las dio a conocer a través de una nota en la que asegura que solo estará en las mesas de concertación que garanticen el mantenimiento de las condiciones laborales previas a la crisis y en las que se articule el control sindical del dinero público. El sindicato avisó a Ayuntamiento y a Diputación de que «no va a ser ni cómplice, ni partícipe, ni pantalla, ni siquiera mero espectador silente del uso del dinero público en nada que no cumpla» condiciones como «el mantenimiento de las condiciones laborales previas a la situación de crisis que justifica la intervención pública en el marco económico». Entre los quince «principios esenciales» del documento elaborado por UGT están el «respeto absoluto a la dignidad del trabajo» y la «aplicación del principio del reparto» en «las ofertas de empleo público que tengan carácter de rotación». Entre sus propuestas está que el dinero público no sea empleado «para remediar la ineficacia y la ineficiencia de la gestión empresarial y ni que se utilice para consolidar un sistema de empresas ineficientes que se mantienen a costa del sacrificio, cuando no la explotación, de su fuerza de trabajo». Para ello, propone «un sistema de evaluación previo y vinculante» de cualquier acción que conlleve el uso de recursos públicos y otro de control, y tener presencia en ambos.
La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, criticó el tiempo que está tardando el equipo de gobierno en elaborar el plan, que considera necesario «ya», y el método de trabajo utilizado. «El plan va tarde» y «el método de trabajo no es el adecuado para un gran acuerdo que era lo que esperábamos», lamentó. Su sensación es que ya está todo acordado con los agentes sociales y con Vox (que se puso a disposición del equipo de gobierno para poner cuanto antes en marcha el plan -según aseguró su portavoz, Paula Badanelli), y que «más allá solo hay un bonito discurso». El PSOE mantendrá las propuestas que ya realizó el 30 de abril. IU, por su parte, esperará a ver el documento, que iban a recibir ayer, para ver si realizan nuevas aportaciones.
En cuanto a Podemos, lamentó la «falta de voluntad de diálogo y escucha» y pidió, al igual que los consejos de distrito Sur y Sureste, «un verdadero plan de choque». Este plan tendrá algunas medidas condicionadas a poder utilizar el superávit municipal.
