El grupo municipal del Partido Popular presentará sendas mociones en el Pleno del próximo día 14 de mayo para reclamar al Gobierno de la nación la liberación de la totalidad del superávit de todos los
ayuntamientos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del covid-19, así como un fondo de apoyo, de al menos 500 millones de euros, para paliar las pérdidas sufridas en el servicio
público de transporte y poder adaptarlo a las necesidades del futuro.
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La primera de las mociones, referida al superávit municipal, recoge los acuerdos adoptados por la Junta de gobierno de la FEMP sobre medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos del coronavirus e incluye medidas financieras, como que el Gobierno de España flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos. En ese sentido podrá destinarse el destino del superávit a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a lapoblación más vulnerable como consecuencia de la situación actual de estado de alarma declarada por el Gobierno.
Asimismo, se incluyen medidas de empleo como solicitar la recuperación del contrato temporal de inserción de la 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, únicamente para su uso exclusivo por parte de las Administraciones Públicas, para que los municipios puedan realizar las contrataciones al amparo de los
planes de empleo con seguridad jurídica, con el fin de que las políticas activas de empleo que se pongan en marcha, independientemente de la Administración que lo haga, tengan el mayor impacto sobre la sociedad. De la misma manera, se propone la autorización por el Estado del déficit de las comunidades autónomas para el desarrollo o ampliación de los planes locales de empleo.
En cuanto a las medidas de contratación pública, se propone que las entidades locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante
la tramitación de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este apartado también se propone la eliminación de la tasa de reposición para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes, así como garantizar el
aprovisionamiento de toda clase de materiales de protección y prevención en los entornos de trabajo.
Junto a esto, la moción del Partido Popular también recoge las medidas en el ámbito económico que plantearon los alcaldes de las 15 capitales más pobladas de España y que la Federación Española de Municipios y Provincias elevó a su Junta de Gobierno.
En este documento se reclama al Gobierno de la nación medidas como un adelanto, de al menos un 50%, de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado 2020 para ayuntamientos y
diputaciones; aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales con otros 300 millones de euros; la concesión de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas a los municipios españoles para paliar esa caída de ingresos y sufragar el incremento de los gastos, así como la transferencia proporcional a los ayuntamientos de los Fondos que la Unión Europea conceda al Gobierno para paliar los efectos del COVID-19.
Apoyo al transporte urbano
En lo referente a la segunda moción que presenta el Partido Popular al próximo Pleno Municipal, ésta recoge la petición al Gobierno de España para que dote un fondo de al menos 500 millones de euros
que permita paliar los graves efectos económicos que ha tenido esta crisis sanitaria en los sistemas de transporte público en el conjunto de la nación.
En el caso de Córdoba, la moción presentada pone de manifiesto estos efectos en la empresa municipal Aucorsa que, desde el 15 de marzo, ha sufrido una significativa caída de viajeros, llegando a perder alrededor del 90%, y, además, desde el día 18, una pérdida absoluta de ingresos propios al decretarse la gratuidad del servicio como medida de prevención para frenar los contagios por covid-19.
