La llegada del estado de alarma por la pandemia del coronavirus impuso la paralización de numerosas actividades productivas, excepto aquellas que el Gobierno consideró esenciales. Entre ellas estaban las del campo. La agricultura y la ganadería no han parado pues durante el periodo de confinamiento, por considerarse su aportación fundamental para el desarrollo del país, por ser las suministradoras de los productos básicos para el sustento alimenticio de la población. Este argumento, de entrada, podría hacer pensar que el campo ha salido sin grandes daños de una crisis de la que se está resintiendo todo el entramado socioeconómico nacional y del que costará recuperarse. Pero no es así, la crisis del covid-19 no ha hecho otra cosa que agravar algunos de los problemas que ya tenía el sector desde meses antes y que precisamente lo habían hecho movilizarse.
Un problema que sigue
El problema fundamental que siempre han venido esgrimiendo los profesionales y empresarios del medio rural era el de los precios. La cuantía que vienen recibiendo los productores dista mucho de lo que luego el consumidor paga por ellos en los mercados finales y en muchas ocasiones el agricultor llega a vender su producción por menos de lo que le había costado sacarla adelante. El Gobierno, tras prolongadas demandas, accedió a regular el asunto y prometió una ley de cadena alimentaria que garantizaría la eliminación de la venta a pérdidas. Sin embargo, la norma no ha sido publicada aún y el problema continúa. En los últimos días han sido los productores de cebolla y patata los que han elevado sus quejas al ver que sus producciones siguen en el campo, sin nadie que las compre, cuando las grandes cadenas de alimentación se surten de productos llegados de países como Francia o Nueva Zelanda. El reto en este sentido sigue siendo el mismo, como apunta Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, que cree necesario conseguir una legislación y un compromiso para dejar de utilizar estos productos agroalimentarios como gancho, como suele pasar con el aceite.
Canal Horeca
Otro aspecto que ha perjudicado considerablemente a la actividad agroganadera ha sido el del cierre de la canal Horeca (hostelería, restauración y cátering), ya que ha reducido en gran medida las vías de salida de la producción fresca hacia el mercado. Numerosos productores ven cómo sus principales compradores han dejado de serlo, sencillamente porque el negocio al que sirven está cerrado. Esta situación, ha tenido como principales víctimas a los ganaderos de carne y de lácteos. Desde Asaja se vienen haciendo constantes llamadas a la Administración para que tome cartas en el asunto. Junto a ello, explican desde las organizaciones agrarias, hay que considerar el hecho de que la restricción de movimiento para la población ha hecho que, aunque en un principio los consumidores se lanzaran a hacer compras compulsivas, con posterioridad se han venido limitando a comprar productos de abastecimiento básico y en algunos casos no perecederos, en detrimento de los frescos.
Esta situación es la que lleva a otra de las reivindicaciones actuales de los agricultores y ganaderos a reclamar a las administraciones que pongan en marcha iniciativas tendentes promover el consumo interno que reactive la actividad. Esta circunstancia está también muy relacionada con el otro gran problema que sigue tiendo el sector, como es el de las exportaciones, que también se han resentido con esta nueva situación generada por la pandemia. Esa otra de las asignaturas que el sector cree que tiene que aprobar la Administración, como es recuperar las exportaciones en condiciones óptimas, sin olvidar otro tipo de ayudas e incentivos que contribuya garantizar las rentas de un sector que hace aguas desde hace tiempo.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, sintetiza la situación de cara al futuro señalando que «las previsiones para que haya una salida que recupere la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas pasa por tres factores: recuperación del canal Horeca, la mejora de las exportaciones y la mejora del consumo interno».
En todos los casos, añade, «será fundamental desarrollar campañas de promoción del consumo de frutas y hortalizas, de vinos, aceites, carnes y sus curados y transformados, y demás productos agroalimentarios, poniendo en valor que el campo es un sector estratégico que produce alimentos como necesidad básica, es el mejor aliado contra el cambio climático al ser sumidero de CO2, mantiene y conserva paisajes, y es el principal sector económico para luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales».
Llamada a las instituciones
Por su parte, Carmen Quintero, secretaria provincial de COAG, señala que «las distintas administraciones deben actuar, desde la municipal a la nacional». Así, recuerda que hay ayuntamientos que han puesto en marcha campañas de promoción de los productos locales, pero «también se pueden abrir los mercados municipales y promover que se dé salida a la producción local».
Sobre la Junta de Andalucía, indica la portavoz de COAG que «se tienen que mojar más y posibilitar ayudas para luchar contra una crisis que se va a llevar por delante a numerosas explotaciones» y al Gobierno central vuelve a reivindicarle «la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria que garantice que no se venderá a pérdidas y que obligue a que se conozcan cuáles son los costes de producción de los productos agroganaderos para poder fijar un precio final acorde con ello». También tiene una petición Carmen Quintero para los consumidores, a los que dice que «se deben concienciar de la necesidad de consumir productos autóctonos» y para ello, pide que «igual que se está haciendo con el turismo para que se pasen las vacaciones en España, se haga con los productos del campo».
Desde UPA, Miguel Cobos defiende que «es absolutamente urgente que las Administraciones traten y valoren al sector agrario como prioritario. Por ello, es necesaria su intervención articulando las medidas y ayudas urgentes que permitan a las explotaciones corregir las pérdidas, así como recuperar la liquidez de agricultores y ganaderos. No solo para paliar las consecuencias de esta crisis, sino también para asegurar la pervivencia del sector y garantizar la producción de alimentos presente y futura, cuando esta situación extraordinaria acabe».
Por todo ello, desde UPA reclaman «medidas que palien la situación de crisis con iniciativas como exenciones fiscales, anticipos de las ayudas PAC, mejora de los seguros agrarios, reducción del coste energético de las explotaciones, financiación, reducción y exoneración de costes laborales, inversiones en infraestructuras hidráulicas, reciprocidad en importaciones, beligerancia para la eliminación de aranceles y vetos. Asimismo, es preciso que las autoridades incentiven el consumo de nuestros productos agroalimentarios, especialmente los frescos, con campañas de promoción».
El ámbito laboral
En la parte laboral, los sindicatos señalan que el hecho de que la actividad agraria haya sido considerada como esencial ha permitido garantizar el mantenimiento de los empleos, sobre todo en las grandes campañas de recolección, como era la naranja, que cuando se declaró el estado de alarma aún seguía activa. En este sentido, han señalado que, si exceptuamos los que son tradicionales relacionados con los incumplimientos de los convenios en algunos tajos, entre otros, el problema fundamental que se encontraban los jornaleros era el de desplazarse al tajo, ya que hasta ese momento las cuadrillas se movían con vehículos en los que viajaban varios trabajadores, las restricciones impuestas por el estado de alarma lo hacía imposible, igual que también ha impedido la marcha de algunos temporeros a otras zonas del país a ciertas campañas de recolección.
Pedro Téllez, responsable del campo en UGT Córdoba, indicaba ahora hay que velar en el campo por «las medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores, que ha sido uno de los asuntos más difíciles de resolver en la primera etapa del confinamiento y que ahora hay que seguir vigilando y, sobre todo, en los trabajadores que se tienen desplazar de pueblos o comarcas para trabajar”.
Agustín Jiménez, de CCOO, apuntaba que la crisis del coronavirus y la salida de la misma «debe ser una oportunidad para dignificar el trabajo del campo y las relaciones entre empleador y trabajador. No tiene sentido traer trabajadores por menos sueldo para abaratar los costes de producción, lo que se debe hacer es trabajar por mejorar el valor añadido del producto y apostar por transformarlo en el lugar donde se produce».
El cumplimiento del convenio
Tanto UGT como CCOO coinciden en recordar que, en las fechas en las que se declaró el estado de alarma, se publicó el salario mínimo fijado para el campo y pactado entre estas organizaciones y la patronal, que quedó en 48,19 euros el día. El reto ahora, apuntan, es velar porque se cumpla y no se trabaje por menos de esta cantidad, igual que también es una lucha constante combatir el destajo o el trabajo por tareas, modalidad muy implantada en algunas cosechas, como la del ajo o la naranja.
Durante este tiempo, se ha generado una polémica sobre la necesidad de mano de obra para la campaña del ajo, que ha encontrado la oposición de las organizaciones de trabajadores, pues creen que dado el alto nivel de paro de la provincia no son necesarios contingentes de fuera para tales menesteres, pues no solo hay mucho trabajador agrario parado, sino que también los hay que procedentes de otros sectores, como la hostelería, que se han quedado sin empleo.
