La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) ha reclamado este miércoles "claridad, seguridad y garantías para reiniciar la actividad en las obras el próximo lunes" tras la parálisis provocada por el coronavirus. Construcor considera que deben darse estas circunstancias para volver a trabajar, cuestión que valoran las empresas "positivamente" siempre que se mantengan las medidas de prevención sanitaria adecuadas.
La presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, asegura en una nota que "la claridad debe ser máxima a la hora de legislar de urgencia. Las normas deben ser muy precisas y no dar lugar a interpretaciones unas frente a otras porque provocan graves problemas y paralizan negativamente cualquier iniciativa”. Se refiere Jiménez a las dificultades para clarificar el sentido de las leyes en materia de actividad económica de las últimas semanas, "que han caído en contradicciones y falta de criterios unificados para cumplirse".
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Seguridad y garantías
La presidenta de Construcor recuerda que la seguridad debe ser máxima, “ya que no podemos encontrarnos con unas medidas aprobadas a última hora en los próximos días porque el reinicio de la actividad es complejo y difícil en materia de construcción, ingenierías e industrias auxiliares del sector y deben de estar planificadas con una mínima antelación, comenzando por la organización y seguridad de nuestros trabajadores”.
Sobre las garantías, María Dolores Jiménez pide que el sector tenga la certeza total de que puede reiniciar la actividad sin encontrarse con dificultades, “entendiendo que la situación es compleja, como todos lo entendemos, pero también queremos que entienda que el sector de la construcción y las infraestructuras es fundamental para la economía y que ha luchado mucho en los últimos años para ser el sector profesionalizado y moderno que es hoy, manteniendo su papel de motor empresarial”.
Finalmente, la presidenta de Construcor, se ha sumado a las peticiones generalizadas de las organizaciones y empresas del sector para que, por una parte, las administraciones agilicen los pagos de las certificaciones pendientes, con el fin de mantener el empleo y obtener liquidez, y por otra que se agilicen las tramitaciones de autorizaciones y procedimientos urbanísticos en vigor para recuperar cuanto antes la actividad en el momento que se vuelva a una mínima normalidad.
