Córdoba es una de las provincias españolas en la que los sindicatos advierten de que existe una mayor economía no controlada, tanto en la comunicación económica de las empresas, como en la situación de los trabajadores. La actual crisis del coronavirus coronavirusha dejado en el olvido el problema por el que están pasando miles de trabajadores cordobeses que, al no haber estado dados de alta o tener jornadas de trabajo declaradas inferiores a la realidad, se encuentran desamparados, sin ningún tipo de prestación social. Este problema se acrecienta en la población de zonas vulnerables con la economía de supervivencia. La presidenta de la asociación de vecinos La Palabra de Moreras, Ana Sánchez, advertía ayer del problema que se está planteando en barriadas como esta. «Nos quedamos atrás los mismos, los que no tenemos dónde caernos muertos. Las personas que se ganaban la vida como podían, trabajando por horas, en casas, buscando chatarra, vendiendo ajos o jabón, se han quedado sin nada», denuncia Ana Sánchez, que pide al alcalde que intervenga. La presidenta de esta asociación denuncia las dificultades que tienen vecinos de estos barrios vulnerables para comprar comida, los biberones, los pañales o la bombona. «Los aplausos están muy bien, pero necesitamos más comida y menos mantel, porque es muy duro acostar a los hijos echándole agua a la leche», lamenta.
El último estudio sobre la economía no declarada que recogía datos de Córdoba fue elaborado por el Consejo Económico y Social de Huelva en el 2018. Este trabajo situaba a Córdoba como la tercera provincia andaluza con mayor economía oculta al representar el 23,6% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, se estimaba, con datos económicos de 2017, que se defraudó 3.340 millones de euros. Ese porcentaje era superado únicamente por las provincias de Huelva (26,7%) y Cádiz (26,5%), mientras que la media andaluza era del 22,1%). Teniendo en cuenta esta estimación, el descenso de la tasa de paro en Córdoba se reduciría hasta el 13% y no el 27% que recogía la Encuesta de Población Activa (EPA). De esa manera se podía comprender que la sociedad cordobesa mantuviera la relativa tranquilidad en la que se encontraba laboralmente a pesar de que las estadísticas oficiales recogían que más de una de cuatro personas estaban en el paro.
El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollineda, asegura a este periódico que en la actual situación, con una economía que se encuentra prácticamente paralizada, el fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria es reducido. «En una provincia como Córdoba, donde el peso de la agricultura y la ganadería tienen un porcentaje relativamente alto, se mantiene la actividad en estas actividades, precisamente donde la economía sumergida es muy habitual y es posible que en este tipo de sectores, por falta de control, puede haber más contratación irregular», señala.
PRINCIPALES PROBLEMAS / Las principales consecuencias de la economía sumergida se trasladan a las empresas y a los trabajadores. «La población que ha estado en economía sumergida no se puede acoger a los beneficios fiscales aprobados por el estado de alarma, ni las empresas ni los trabajadores, al no estar dados de alta», remarca el secretario general de Gestha. Además, el trabajador verá mermada su pensión de jubilación al no cotizar por el 100% de su trabajo. El secretario provincial de Acción Sindical de UGT, Jaime Sarmiento, reclama que el Gobierno adopte medidas especiales para las personas que se han quedado sin empleo y no estaban dados de alta o tenían una jornada reducida y estaban trabajando en jornada completa. «Estamos reivindicando para las empleadas del hogar algún tipo de ayuda, aunque el problema surge a la hora de demostrar que estaban trabajando», señala.
A este colectivo, según indica, hay que unir el problema existente en la hostelería con las jornadas que no se declaraban y con las personas que prestaban sus servicios en la dependencia. «Estamos hablando de los grandes olvidados de esta crisis sanitaria. Es una situación grave, personas que no han cotizado y no tienen el derecho del resto de trabajadores. Tendrán que buscar alguna fórmula para que puedan sobrevivir estas personas», añade.
El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, advierte de que los primeros que se han quedado sin trabajo son las personas que no estaban dadas de alta. «Córdoba es de las ciudades con más porcentaje de economía sumergida, nosotros estamos planteando que se tiene que ampliar la renta de inserción, que se pongan más medios y se amplíe a más colectivos que se están quedando en el paro», explica.
Merino destaca que más del 60% de las empleadas del hogar no estaban dadas de alta, a lo que hay que unir la situación de la hostelería y el comercio. «Pedimos una renta activa de inserción. Debe incluir a todas las personas desprotegidas y no recibir ningún tipo de prestación», añade. A esto hay que unir el problema añadido de los inmigrantes. «Muchas de estas personas podrían tener una orden de expulsión por no tener una relación laboral», indica.
