Cuatro de los ocho encausados en el juicio por el presunto fraude y falsedad documental en los cursos de formación de la Junta de Andalucía han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo de conformidad a cambio de una rebaja de la pena que de momento, no se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía ni de la acusación particular. Se trata de E.S. C., A. L. G. y C. P. P., acusados los tres de falsedad documental y presentación de justificación de cargos inexistentes por distintos importes, y de M. M., al que se acusa de fraude en las subvenciones concedidas por el Gobierno regional.
El juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha retomado este miércoles el juicio por el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que fue aplazado el pasado 21 de febrero tras la fuga de uno de los acusados, que motivó un auto de búsqueda, captura y detención. La jueza decidió dar un plazo de cinco días para su localización, después de que el encartado no compareciera en la primera sesión de la vista oral. El juicio ha continuado este miércoles para el resto de los procesados con este individuo, acusado por fraude en las subvenciones del Gobierno regional, en paradero desconocido. Tras reconocer los hechos, las partes han decidido aplazar el juicio hasta el próximo 5 de marzo, cuando dará comienzo el interrogatorio del resto de encausados. De momento, uno de ellos no ha sido localizado por la Policía y tampoco ha comparecido en la sesión oral.
La jueza ha estimado dar un nuevo plazo hasta el 5 de marzo para su detención y, de no producirse, se declarará la situación de rebeldía y continuará el juicio de los demás encartados. En ese caso, una vez sea localizado este individuo, su llevará a cabo otro juicio para su causa.
El Ministerio Público solicitó inicialmente penas de tres años de cárcel para cada uno de los ocho encausados, así como multas de 27.000 euros para los seis procesados a los que cree responsables de un presunto delito de falsedad, y de 300.000 euros para los dos a los que atribuye un supuesto fraude de subvenciones.
En la primera sesión del juicio, el Ministerio Fiscal informó de que se ha llegado a un acuerdo de conformidad con dos acusados que, finalmente, se ha extendido a cuatro personas, que ni siquiera han llegado a declarar.
Los cursos de formación se dirigían a personas paradas y tenían compromiso de empleabilidad, pero la Fiscalía habría detectado que algunas entidades despidieron presuntamente a trabajadoras para incluirlas como alumnas de esta actividad y después volver a contratarlas. También se han detectado irregularidades en los gastos justificativos de las subvenciones, así como contratación de docentes que no ejercieron como tal, falsificación de la firma de alumnos o profesores para justificar la entrega de materiales que no fueron recibidos o calificaciones que no se realizaron.
