La obra pública se ha reducido a la mitad en diez años. Córdoba ha pasado de tener proyectos licitados por las administraciones por 445 millones en el 2009 a contar con iniciativas valoradas en 182,9. En una década, la inversión por habitante ha bajado de 553 euros a 233, aunque ha crecido un 20% en un año. Entre 2000 y 2010 las administraciones sacaban a concurso obras que elevaron la inversión a cantidades que no se han vuelto a repetir. Sobrepasar los 300, 400 y hasta 500 millones era lo más normal. Después, la crisis redujo al mínimo las licitaciones, que tocaron fondo en el 2012 y que llevan tres años seguidos de subidas.

Evolución global

La patronal de grandes constructoras Seopán recoge la evolución desde el 2000, año en el que las administraciones licitaron obras por 284 millones. A partir de ahí y hasta el 2006 todo se movía entre los 300 y 400 millones. En el 2006 se alcanzó el máximo histórico con 505,7 millones. Eran los años de las grandes infraestructuras como la autovía de Málaga y el AVE hacia esa ciudad. A partir de ahí empezó el declive, suavizado en el 2009 con 445 millones y en el 2010 con 387,2 de los fondos anticrisis que impulsaron Gobierno y Junta para contrarrestar los efectos del abismo en el que entraba la obra pública. La caída fue acrecentándose a partir del 2011, cuando los escasos proyectos que había apenas superaban los 100 millones. El 2012, con 56,6 millones; el 2015, con 74,1; y el 2016, con 70, fueron los peores años. A partir de ahí, la tendencia ha sido positiva y cada año la inversión en obra pública se ha ido incrementando en 30 millones. En el 2019 se llegó a 182,9 millones, un 20% más que en el 2018 (151,1).

Inversión por habitante

Si los proyectos licitados en el 2000 implicaban una inversión por habitante de 369 euros, los sacados a concurso a partir de ahí y hasta el 2006 supusieron un reparto per cápita de entre 400 euros y los 641 del 2006. La media superaba ampliamente los 500 euros por cordobés. Sin embargo, a partir del 2011 fue difícil sobrepasar los 100. En el 2012 se bajó hasta los 70 euros per cápita. Por debajo de la barrera de los 100 estuvieron los años 2015, con 93, y 2016, con 88. En el 2017 la obra pública licitada supuso un reparto de 156 euros por residente, que aumentó a 192 en el 2018 y a 233 en el 2019. En una década se ha bajado de 553 euros por habitante a 233.

Por administraciones

Sorprendentemente, y al contrario de lo que ha ocurrido en otros ejercicios, las administraciones están muy parejas en volumen de obra licitada. Aunque los ayuntamientos y la Diputación, con 68,3 millones, han seguido liderando la inversión pública, Junta y Gobierno les pisan los talones, con 57,9 y 56,6 millones, respectivamente. Los ayuntamientos han disminuido su obra pública un 17% en relación a un año antes. La Junta, por su parte, ha bajado un poco, un 4,6%, la cantidad de las iniciativas licitadas. En cambio, el Gobierno es el que ha experimentado el mayor incremento, de un 679%. Esa subida era fácil de lograr teniendo en cuenta las cantidades tan bajas de los últimos años.

Comparativa provincial

Si se compara Córdoba con el resto de Andalucía, se llega a dos conclusiones. Por un lado, que en volumen de inversión ocupa el quinto lugar tras Almería, con 1.003 millones; Sevilla, con 427,3; Cádiz, con 255,4; y Málaga, con 252,9. Tras ella están Granada, con 143,4; Jaén, con 121,5; y Huelva, con 92,4. Por otro, que si se toma como referencia la inversión por habitante, varía la posición de Córdoba, que pasa a ocupar el segundo lugar del ranking andaluz tras Almería, con 1.400 euros por residente. Detrás de Córdoba se sitúan Sevilla, con 219; Cádiz, con 205; Jaén, con 191; Huelva, con 177; Granada, con 156; y Málaga, con 152.

Opinión de Construcor

Las tres elecciones del 2019 (dos generales y unas municipales) no han repercutido en la licitación como ocurrió en convocatorias anteriores. El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor), Francisco Carmona, afirma que las elecciones solo han afectado a las iniciativas del Gobierno, pero, de forma positiva debido a que «los presupuestos se han ido prorrogando». Esto supone que «las partidas de gasto no sufren cambios», por lo que las consignaciones destinadas a inversiones y transferencias de capital «se mantienen inalterables y, por tanto, disponibles en su totalidad». En este sentido, añade, el Gobierno «ha destinado parte de los recursos a financiar actuaciones en infraestructuras previstas», unas de «manera obligada», como las de conservación de la red viaria, y otras «seguramente en razón a un cambio en la programación», como el baipás de Almodóvar, para «materializar la conexión directa Málaga-Sevilla-Málaga aprovechando la terminación de las obras de conexión Granada-Sevilla para anticipar el diseño del trazado». A ello se unen los concursos convocados por organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la mejora de caminos rurales y cauces. En cuanto al resto de administraciones, destaca la caída de los concursos de ayuntamientos y Diputación «por la demora en la aprobación de los presupuestos».

Las previsiones

Construcor prevé para el 2020 en la licitación «una desaceleración» que vendrá de la mano de la administración central y de la Junta, ya que «las infraestructuras cuya ejecución depende de ambas no tienen visos de que vayan a licitarse». Carmona cita la ronda Norte, la variante Oeste, la mejora de la conexión ferroviaria entre Córdoba y Jaén, y la autovía Badajoz-Granada, que «no disponen de proyecto» y «carecen de la necesaria consignación presupuestaria». Carmona piensa que «en el mejor de los casos puede que concluyan los estudios previos». En cambio, vaticina «un avance» en la licitación de obras de ayuntamientos y Diputación, pero «será insuficiente para compensar el menor ritmo inversor de las otras administraciones».

Construcor no augura «una caída de la actividad de la construcción, ya que la mayor parte de las actuaciones licitadas en el 2018 van a ejecutarse en el 2020». El problema puede estar en el 2021, señala Carmona, y «en función del nivel de retroceso que experimente la inversión pública en este ejercicio».