Del lapidario cordobés reciente seguro que recuerdan al que fuera presidente de los empresarios, Luis Carreto, definiendo a Rafael Gómez, Sandokán, como «el hombre que corría más que los papeles». Una especie de definición, válida para el título de un western y para descargar al sujeto de responsabilidad. ¿Para qué decir que Gómez hacía algunas cosas a las bravas, cuando uno puede recurrir a aquella expresión eufemística? Gómez era por entonces solo un empresario, antes de dar su salto a la política y convertirse en concejal. El caso del edil de Ciudadanos Manuel Torrejimeno es distinto, pero el email que envió el pasado miércoles y que acabó provocando la renuncia de la gerente del Imdeco está marcado también por la huella de «quien quiere correr más de lo que la administración permite», según indica una experta en la normativa municipal.
La ya ex gerente del Imdeco, María Luisa Gómez, aseguró a Diario CÓRDOBA que entre los encargos que le hizo Torrejimeno había cuestiones que conllevarían «prevaricar». La polémica de su renuncia, la petición de dimisión y el apoyo conseguido por Torrejimeno del gobierno municipal han sepultado un debate necesario: ¿Qué pidió Torrejimeno que, de acometerlo, pudiera haber supuesto una ilegalidad?
EL DESCONOCIMIENTO
«Es el típico email que envía alguien que llega al Ayuntamiento desde el ámbito privado», dice la mencionada experta, que subraya con ello el «desconocimiento del concejal sobre cómo funciona un ente como el Imdeco, que es administración pura y dura», y por ello regido por las mismas normas que la administración matriz. En el email de Manuel Torrejimeno había 35 encargos que, al menos desde la perspectiva de quien lo firmaba, suponen un esbozo del caos de gestión existente allí. Más alla de evidenciar su descontento con el rumbo de la gestión, «no acabamos de despegar», escribe, señala tres temas urgentes a resolver. Uno de ellos, el «nombramiento de Antonio Muñoz y reasignar tareas nuevas en Fontanar» centra la atención de la ex gerente y también de otras fuentes municipales consultadas. El mismo Torrejimeno mostró en rueda de prensa el escrito que el propio Muñoz le remitió ofreciéndose para la «coordinación técnica de la idm Fontanar, Fidiana y Alcolea (sic)» y, que remarcaba que ese ofrecimiento se hacía sin solicitar «compensación económica o complementos». «Da igual si se renuncia o no a cobrar más, el matiz importante está en si ese nombramiento iba a ser provisional o no», eso es lo que indican otras fuentes jurídicas que, recuerdan que las «adscripciones provisionales a un puesto como ese sí se pueden hacer». «Eso no es prevaricar, y el sistema, y la vigilancia sindical, ejercen garantías suficientes como para impedir que se hiciera un nombramiento ilegal», añaden. El correo no indica si ese nombramiento iba a ser provisional o no, pero Muñoz sí dice que esa «asunción de tareas debe ser temporal y reversible». Ahí tiene Torrejimeno una vía de escape.
Un hipotético nombramiento definitivo tendría que haberse impulsado por el procedimiento ordinario que consistiría en primer lugar en la creación de «una plaza que no existe, con el acuerdo del comité de empresa y la preceptiva modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), para permitir la libre concurrencia a todos los trabajadores del Imdeco», asegura una persona que ha ejercido el puesto de gerente en esta institución y añade una sospecha: «aunque renuncie a los complementos inicialmente, después podría reclamarlos en una instancia judicial». Entre los encargos hay de todo. Una fuente sindical se pregunta qué interés tenía Torrejimeno por retirar de Intervención el expediente de la piscina de la Fuensanta y la experta en normativa municipal matiza que es una práctica que a veces ocurre,pero que «la garantía es que ha de volver siempre para ser fiscalizado»
Sin embargo, uno de los encargos centra la mirada de todas las fuentes consultadas, el último del correo. El punto 35: la contratación del servicio de prensa y redes sociales a una empresa y entre paréntesis añadía el nombre de un periodista concreto. «Ahí se ha pillado los dedos», coinciden las tres fuentes consultadas. «La torpeza del concejal es notoria al dejar por escrito el nombre de la persona a la que quieren que se le contraten esos servicios», concreta la jurista. «No puedes identificar al contratista, ni siquiera en un procedimiento negociado», que son aquellos en los que la administración invita a tres empresas a presentar un presupuesto para ofrecer un servicio. Viciar la contratación de ese servicio, desde el principio, haciendo constar a quien debes encargárselo, «sí sería prevaricar», concluye.
