Los magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de Córdoba han hecho público este viernes un comunicado en el que afirman que desde que se pusiera en marcha en la ciudad el nuevo juzgado de guardia de 24 horas, el pasado 18 de marzo, "no se ha presentado queja alguna sobre el funcionamiento de dicho servicio por parte de ninguna persona que haya hecho uso del mismo, ni tampoco por parte de profesionales de la abogacía (...), no habiéndose producido ninguna denuncia por detención ilegal, como tampoco se ha planteado ningún procedimiento de hábeas corpus por este motivo".

Así lo señala el comunicado elaborado "a la vista de las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre el funcionamiento" del juzgado de guardia de 24 horas, en referencia a la crítica y denuncia pública que en los últimos meses viene realizando el Colegio de Abogados de Córdoba sobre el no funcionamiento de este juzgado por la noche, Colegio que aboga por suprimir el protocolo de conducción ordinaria de detenidos en dos turnos de mañana y tarde, afirmando que esta situación provoca que los detenidos tengan que pasar la noche en los calabozos sin necesidad.

Este comunicado ha sido leído en la Ciudad de la Justicia por el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja; que ha estado acompañado por el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; por el fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo Rubio; y por el secretario coordinador provincial de Córdoba, Antonio Guerra.

Miguel Ángel Pareja ha señalado que Córdoba, al igual que en otras ciudades como Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Zaragoza y Valencia, "con el fin de optimiza los medios y racionalizar el trabajo", cuenta con el citado protocolo, que ha sido ratificado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "que ha declarado que el mismo es conforme a la Constitución y a la ley, y que, por tanto, garantiza los derechos de los detenidos".

Asimismo, el comunicado recuerda que el juzgado de 24 horas, además de la atención y legalización de los detenidos, realiza otras múltiples funciones como trámite de denuncias, actuaciones de carácter urgente en los delitos de violencia sobre la mujer, inscripciones y órdenes de inhumación, y colocación de dispositivos telemáticos de localización, entre otras.