Nació en Constantina (Sevilla), pero reside en Córdoba desde su infancia. En febrero del 2019, con la llegada del nuevo gobierno a la Junta, Inmaculada Troncoso, licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria y Bachillerato desde 1989, fue nombrada delegada de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba. Desde el 2011 era directora del IES Trassierra de la capital.

-Han pasado 5 meses desde su primer inicio de curso al frente de la delegación, ¿qué valoración hace?

-Mi valoración es positiva. Bien es cierto que no dejan de surgir problemas porque es inherente al trabajo que desempeño y las soluciones son las que compete acometer. Verdaderamente, estoy bastante satisfecha, aunque hay cuestiones que hay que mejorar.

-Supongo que será muy diferente ver los problemas desde su puesto como directora de un instituto a abarcar todo el ámbito educativo de la provincia desde la gestión política.

-No es muy diferente, porque yo he sido cargo directivo prácticamente toda mi vida de docente, unos 15 años de los 30 años que llevo en la docencia. No es diferente en cuanto a lo que se refiere a gestión, de trato, de intentar solucionar problemas, pero en cuanto que ya se abarca a toda la provincia y a casos concretos, con nombres y apellidos de niños, de familias, de asociaciones… Eso es más complejo, porque no da el tiempo para más, pues tengo también otros menesteres que no son solo Educación, tengo que compartirlo con Igualdad y Políticas Sociales, y eso lo hace más complicado. La gestión en sí es algo que me gusta y me hace estar viva.

-¿Qué cree que ha cambiado en la educación con el nuevo gobierno del cambio respecto al ejecutivo socialista?

-Una de las tareas que nos propusimos fue escuchar más a los colectivos y sobre todo la de intentar despolitizar la educación. A mí eso me preocupaba antes y me sigue preocupando ahora, se utiliza mucho la educación como arma política y me apena, me entristece mucho, porque no hemos sido capaces todavía de llegar a un acuerdo de mínimos, a un pacto educativo que no nos tenga al albur de los distintos cambios legislativos y políticos. Es continua la utilización de la educación para tirar hacia allí o hacia acá en función de los distintos partidos políticos.

-La principal queja de los diferentes sindicatos de profesores es la pérdida de unidades en los últimos años y que el aumento de profesores no es real. Dado que la natalidad cae, ¿qué medidas se pueden poner en marcha?

-La bajada de la natalidad es una realidad y contra eso no podemos luchar; sí es verdad que vamos a intentar mantener todos los recursos que hay actualmente. Aquellos que se pierdan van a ser por su propia naturaleza, porque la pérdida de niños haga que no existan esas unidades. Han sido 1.000 alumnos menos en la provincia este curso y eso se traduce en esas unidades menos, pero sí es verdad que luego en el proceso extraordinario, tras la matriculación, se concedieron nueve unidades más. A pesar de eso, hicimos un esfuerzo por añadir algunas unidades y ubicarlas en aquellos centros en los que la ratio se había sobrepasado.

-El profesorado reclama que se baje la ratio para aumentar la calidad.

-Para eso habría que cambiar la norma. Si son 25 alumnos la ratio en Primaria y 30 en Secundaria, esa es la ratio que hay que mantener. Eso pasaría por un cambio normativo, que todo es revisable y puede estar sobre la mesa esa posibilidad, pero de momento es lo que tenemos.

-En cuanto a infraestructuras, hay 94 obras pendientes, ¿por qué se han ralentizado tanto?

-Lo que ha pasado ha sido más bien una falta de previsión y de no ajustarse a la realidad de lo que verdaderamente se necesitaba. De ahí que se esté trabajando en un plan de infraestructuras a largo plazo, 2020-27, que procure utilizar criterios objetivos para las necesidades reales de los centros. Luego, está próximo a salir un acuerdo marco que va a permitir que aquellas obras que tengan un importe inferior a 500.000 euros puedan ser desarrolladas con mayor celeridad. Es decir, que si una obra de esa envergadura antes podría durar nueve meses, ahora se acorten los plazos a una semana. Y es verdad que hace falta un acuerdo entre distintas administraciones para que el mantenimiento de los centros se haga adecuadamente y eso repercuta en que no haya tantas obras que acometer por parte de la Junta.

-En ese plan de infraestructuras previsto, ¿se integrarían las 94 ahora pendientes?

-Están programadas, y algunas de ellas desatascadas, como el IES Miralbaida, que llevaba más de diez años pendiente y ya por fin escolarizará alumnos, si todo va como debe, en el año 2021-22. Más luego, hay una propuesta de construcción de una nueva residencia escolar para trasladar La Aduana, que está ahora mismo en el Parque Figueroa. Es una obra muy necesaria, pues el edificio está muy antiguo, y ya hemos dado algunos pasos, como contactar con patrimonio para solicitar suelo educativo en el que podamos construirla.

-Y el colegio de Turruñuelos, ¿estará en febrero?

-En febrero está previsto la finalización de la obra, y en cuanto todos los requisitos administrativos concluyan, se verá cuando les viene mejor trasladarse, en función del trimestre. Es probable que este mismo curso puedan ya trasladarse, pues la dirección del centro está deseando entrar en el nuevo edificio.

-Lo que no acaban de verse son las necesarias obras de climatización.

-Son 14 actuaciones pendientes de la Junta, muchas de ellas se refieren a cerramientos, lamas, ventanas y, en otros casos, a calderas. Están metidas en programación y a mí me corresponde darle el impulso a al dirección general para que sean lo más ágil posible.

-Otra demanda muy importante es la necesidad de más personal para necesidades educativas especiales.

-Los recursos son limitados siempre, con independencia de que cuando se hace un estudio, si hacen falta más recursos se soliciten. Lo que sí hay que dejar claro es que los alumnos siempre van a estar bien atendidos en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta además que es un colectivo vulnerable. La normativa contempla la posibilidad de los recursos compartidos y desde mayo aproximadamente, desde el servicio de ordenación educativa, se hace un estudio para ver el número de alumnos con necesidades educativas especiales, trastornos de conducta o de otra índole y a partir de ahí se va viendo donde son necesarios los profesores. Y además es un proceso abierto, no se cierra con determinado número de recursos, se reestructuran a lo largo del año para ir atendiendo las necesidades de los alumnos que surjan.

-La FP tiene cada vez mayor demanda, ¿qué necesidades hay en Córdoba? ¿Está respondiendo la oferta a la demanda existente?

-Yo creo que cada vez se ajusta más. Prueba de ello es que son 18 los ciclos formativos implantados este curso nuevos, nueve más que en cursos anteriores, y más de 1.000 empresas, en el caso de la FP dual, las que han estado detrás de estos ciclos. Se está trabajando con la Consejería de Empleo para hacer un estudio de cuáles son las zonas con un grado de empleabilidad para determinados ciclos y hacer esa oferta. Un porcentaje elevadísimo, en torno a más del 80% de los que hacen FP dual obtienen trabajo inmediatamente. Prueba del éxito de la FP dual ha sido el nuevo grado superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, implantado en el IES Los Pedroches, que ha sido una apuesta muy fuerte y me consta que está a tope de alumnos y con una lista de espera importante. A nosotros nos corresponde ver cuáles son las necesidades de la zona y ofertar en ese sentido.