La Gerencia de Urbanismo ha entregado al Colegio de Arquitectos de Córdoba la ordenanza que persigue la agilización de licencias para que haga sus aportaciones. Urbanismo hizo esta misma operación con la Confederación de Empresarios de Córdoba a finales del año pasado. CECO trabaja en estos momentos en la elaboración de sus propuestas. En la presentación de la ordenanza, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, explicó que los formularios se van a reducir a la mitad, pasando de 36 a 16; los plazos van a mermar; y ganan peso las declaraciones responsables, que permiten el inicio de la actividad de inmediato.

Salvador Fuentes ha hecho entrega de una copia de la propuesta de ordenanza sobre Licencias, Comunicaciones y Declaraciones Responsables de Carácter Urbanístico al decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito Pérez, para su estudio y aportación de ideas. Según explica el presidente de Urbanismo en una nota, "el objetivo es alcanzar una norma lo más consensuada y eficaz posible y así garantizar una intensa simplificación administrativa”.

Según recuerda Urbanismo en la nota, la ordenanza recoge la supresión de autorizaciones administrativas, "sobre todo para el inicio de actividades económicas que, en ocasiones, se sustituyen por declaraciones responsables o por meras comunicaciones de los ciudadanos y empresas a las administraciones, todo ello sin menoscabo de los controles posteriores y con las potestades administrativas necesarias para reaccionar con eficacia ante las actividades particulares que incurran en ilegalidad y lesionen los intereses generales de los vecinos, la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente, el entorno urbano o el patrimonio histórico".

De la misma manera, en esta propuesta se reducen los supuestos en los que es obligada la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones y se afronta el contenido de esos actos del administrado (la documentación adjunta, el lugar y los medios a través de las cuales presentarlas) con el complemento de los modelos normalizados. Para el presidente de Urbanismo, "la idea es bien sencilla: no exigir más datos y documentos que los que exigen las leyes y reglamentos estatales y autonómicos". A este respecto, señala, es muy importante la regulación de la verificación documental de todas las comunicaciones y declaraciones. "Se ha pretendido convertirla en un instrumento de control muy simple, informal y ágil, pero, a su vez, en un medio de detectar irregularidades y de corregirlas, abriendo paso, cuando sea necesario, a otras diligencias y procedimientos. Se completa con una serie de reglas sobre el procedimiento sancionador", apunta.

En el texto se abre la posibilidad de actuaciones de colaboración de empleados públicos no funcionarios y de entidades privadas colaboradoras. Según el presidente de Urbanismo, "consideramos fundamental que exista siempre un empleado público perfectamente determinado y conocido que sea el responsable del procedimiento, que lo instruya y que le dé impulso y continuidad". "Asimismo se han concretado los plazos, reforzado su obligatoriedad y se ha tratado de evitar trámites y cargas no impuestos por la legislación", añade Fuentes, que ha consensuado un calendario de reuniones periódicas con el Colegio de Arquitectos para mejorar el funcionamiento del urbanismo.