Más de medio centenar de personas, entre personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) y representantes de CCOO se concentraron ayer ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para reclamar la subrogración de las y los profesionales que actualmente prestan sus servicios de apoyo y asistencia al alumnado de necesidades educativas especiales (ANEE) en empresas que tienen adjudicados dichos servicios y que podrían perder su puesto de trabajo de ejecutarse, tal y como se ha planteado por la Consejería de Educación, la bolsa de empleo con la que se pretende recuperar la gestión pública de estos servicios.
El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, Antonio Sánchez, remarcó que «el sindicato defiende que se revierta la gestión de estos servicios al ámbito público, pero ello no debe perjudicar a las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias de estos servicios». En este sentido, Sánchez recordó que la Ley de Contratación del Sector Público habilita a la administración para subrogar a este personal, compuesto por 162 personas en la provincia de Córdoba y unas 1.400 personas en toda Andalucía, y que su subrogación es «una cuestión de voluntad política.»
