Construcor considera que los registros de demandantes «no se ajustan a la realidad» porque «no se actualizan ni revisan con la periodicidad que la normativa prevé», según señala su secretario general, Francisco Carmona. Es más, piensa que «hace tiempo que dejaron de ser un instrumento eficaz para fijar las necesidades» de VPO y tampoco «son indicativos ni útiles para diseñar una oferta acorde con las circunstancias de sus potenciales destinatarios».

Carmona recuerda que para incrementar las posibilidades de adjudicación se inscriben los miembros de una familia a título individual en vez de la unidad completa y que una persona puede participar hasta en tres. Además, a partir del 2013 un porcentaje significativo de los inscritos ha comprado pisos usados no protegidos tras el descenso de precios o ha alquilado pero sigue en la lista. También se producen cambios en sus circunstancias económicas que hacen que el perfil que llega a las promotoras no se corresponda con las características de sus VPO.

Carmona no vislumbra cambios significativos en cuanto a actividad en el 2020. A su juicio, «la desaceleración del ritmo de crecimiento, que no contracción, es un efecto hasta cierto punto lógico tras un importante repunte de la actividad después de un periodo prolongado de recesión de la economía y de parálisis del sector de la vivienda», por lo que ve «natural» una «corrección» para acompasar la oferta a la capacidad de absorción de la demanda». Aún así, cree que «existen riesgos fruto de un estado general de incertidumbre».

Por su parte, Juan Manuel Gómez, que afirma que «demanda hay pero oferta no», piensa que los registros son «cantos de sirena», ya que luego «los demandantes van a los bancos y no les dan el dinero». A su juicio, debería promoverse más vivienda de alquiler social.