Cuevas de Altázar, parcelación situada en la zona de Villarrubia en Córdoba, sigue igual. La urbanización se convirtió hace un año en la única que superaba los trámites previos a las obras de urbanización que la dotarían de los servicios básicos que le faltan, posibilidad que se abría gracias a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Sin embargo, un año después, las obras que necesita para la obtención de servicios o para el asfaltado de calles y el alumbrado público aún continúan sin ejecutar y está atascada en la fase del aval previo, que consiste en el 7% del presupuesto de adjudicación del proyecto de urbanización. El proyecto permitía emprender el camino hacia la obtención de las licencias, tanto de obras, para reformar, ampliar o construir, como de ocupación, que tampoco ha conseguido.

MEDIO SIGLO

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? Cuevas de Altázar, urbanización construida en los setenta, está clasificada como suelo urbano en el PGOU del 2001/3. La misma consideración tenía ya en el plan de ordenación que le precedió, el de 1986. Esa clasificación y el tiempo transcurrido dan idea de lo que cuesta la regularización, ya que, al estar en suelo urbano, parte con una posición más privilegiada que el resto de las que se encuentran en urbanizable, y, por supuesto, de las que están en no urbanizable.

Aunque los trabajos empezaron mucho antes, no fue hasta el 2004 cuando logró la aprobación inicial de su plan especial de reforma interior, que salió adelante definitivamente en el 2008. La junta de compensación, que es la que representa a los distintos propietarios, lleva constituida desde el 2010. Allí hay 450 parcelas con unas 500 viviendas en las que residen unas 2.000 personas que tienen gran parte de los servicios básicos. Cuevas de Altázar posee luz pero le falta culminar la red de alcantarillado y agua, que no llega a 40 viviendas, que tienen las redes cerca pero sin enganches. La urbanización carece también de alumbrado público.

HACE UN AÑO

¿QUÉ LOGRÓ? Después de las vicisitudes que esta parcelación pasó para recibir el visto bueno a su proyecto de reparcelación, que es el que regulariza los terrenos con la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad como urbanas en vez de como rústicas, conseguir la aprobación de Urbanismo a su proyecto de urbanización, que era el paso siguiente, fue un logro. Además, llegar ahí tampoco había sido fácil, ya que el documento empezó a tramitarse en el 2016 y hasta abril del 2017 no consiguió el acuerdo inicial. Una vez superados todos los obstáculos, podía iniciar las obras, que una vez recepcionadas, darían paso a las licencias de primera ocupación, que serían el salvoconducto necesario para que las compañías suministradoras dieran los servicios que faltan.

CONDICIONANTES

¿QUÉ PIDIÓ URBANISMO? El informe de Planeamiento cifraba el presupuesto de urbanización en 3,3 millones incluyendo la aportación al plan especial de abastecimiento y saneamiento y al desvío de líneas de alta tensión, lo que se traducía en un aval por valor de 200.000 euros que debían poner los vecinos. Además, le daba el plazo de tres meses para depositar el 2% del presupuesto.Aunque Urbanismo autorizaba las obras en dos fases, ponía condiciones. Urbanismo no recepcionaría la fase primera (todas las obras menos el soterramiento), ni la puesta en servicio de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, hasta que la junta de compensación se constituya en entidad de conservación, abone las cantidades establecidas en el plan de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, y ejecute los trabajos de urbanización de la fase segunda o garantice su coste. El problema de esta segunda fase, que consiste en el desvío o soterramiento de líneas eléctricas, es que tiene una duración indeterminada.

La junta de compensación alegó y pidió que no condicionase la recepción de la fase primera a la ejecución de la segunda, que el aval no sea por toda la urbanización, y que la etapa primera pueda hacerse gradualmente y recepcionarse parcialmente. Durante el consejo, los distintos grupos, incluido el PP, exigieron facilidades para propiciar las obras.

UN AÑO DESPUÉS

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN? Un año después, hay un nuevo compás de espera. El presidente de la junta de compensación, Juan Manuel León, explica que ha solicitado que de las dos fases de las obras, la primera se divida a en varias etapas, de manera que puedan «poner los avales de cada una de ellas» de forma independiente en vez de los correspondientes a la fase completa. Sin embargo, añade, «dicen que no podemos entregar la obra hasta que no esté todo hecho y no nos dan permiso para los servicios porque están ligados al proyecto de urbanización y si no ponemos los avales, no nos los dan». Como solución, indica, «nos plantean el AFO pero queremos dar servicios, que es cosa de primera necesidad, sin usar esta fórmula».

León, que calcula en 400.000 euros el total del aval, exige «suavizar la interpretación de la norma» para poder «hacer por fases y, dentro de cada una, realizar por etapas» y pide que se tenga «en cuenta que no somos constructores, somos una junta de compensación integrada por familias» y «debemos recaudar el dinero poco a poco porque no pueden hacer grandes desembolsos». A esto se une que «estamos urbanizando una zona que ya está habitada». Su impresión es que «no hay intención política de que la urbanización salga a flote». León lamenta que «no avanzamos porque todo son obstáculos», a pesar de que «Cuevas de Altázar ha demostrado que quiere urbanizar y pagó el 10% de la cesión de suelo, un millón de euros que deben revertir en la zona y de los que no hemos visto ni uno».

AYUNTAMIENTO

¿QUÉ DICE URBANISMO? El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que «jurídicamente es muy complejo» lo que pide Cuevas de Altázar, pero se compromete a estudiar la situación a partir de enero.

LAS OTRAS

¿QUIÉNES VAN DETRÁS? Cuevas de Altázar no es la única en proceso de legalización. Hay otras, como El Alamillo y Torreblanca, que están dentro de las quince con 3.900 viviendas con juntas de compensación y proyectos de reparcelación y urbanización iniciados que están dando pasos, al igual que El Sol. Barquera Norte, que hace unos años era la más avanzada del suelo urbanizable sigue en stand by desde que su proyecto de reparcelación fue anulado. El PGOU reconoce más de medio centenar de parcelaciones en suelo urbano o urbanizable con más de 6.500 viviendas, a las que se suman más de 4,400 de suelo no urbanizable.

DEMANDAS

¿QUÉ HACE FALTA? El presidente de la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya, Manuel Sánchez, considera que para impulsar la legalización Urbanismo debe crear una oficina de parcelaciones, que lleva reclamando años sin éxito y que cree que puede contribuir a desbloquear la paralización existente.