Urbanismo suspenderá durante un año la concesión de licencias para casas de apuestas e iniciará una modificación del PGOU para fijar una distancia mínima de 500 metros entre estas y los colegios. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, avanzó ayer la propuesta que llevará este miércoles al consejo rector, que aprobará formular la modificación necesaria. Las licencias que ahora estén en tramitación no se verán afectadas. La intención de Fuentes es que la suspensión entre en vigor cuanto antes, «en el momento en el que sea aprobada por el Pleno». Esta medida, dijo, pretende «blindar la amenaza» que suponen «para pequeños y jóvenes, y para personas con una especial situación económica».

La modificación de PGOU afectará al artículo 12.4.8 y la suspensión de licencias abarca tanto a los permisos de actividad y obra como a las declaraciones responsables. Mientras que Urbanismo tramita la modificación del PGOU, y según Fuentes, da «tiempo a la Junta a que vuelva a definir este tipo de actividad con los informes que debe haber, como el de Salud, por el riesgo que supone que este tipo de actividad esté próxima a un centro educativo».

En este sentido, Fuentes ha advertido de que, a pesar del paso que dará Urbanismo respondiendo a las demandas vecinales, la regulación de las casas de apuestas compete a Gobierno y Junta. Fuentes precisó que la distancia mínima entre salas de juego y colegios será una de las cuestiones a concretar mientras se modifica el PGOU, aunque la idea de la que se parte es la de los 500 metros.

LA PROPUESTA/ Según el expediente, la propuesta que plantea el servicio de Inspección Urbanística al de Planeamiento para que la tenga en cuenta es modificar el artículo 12.4.8 para que los establecimientos de juego y salones recreativos, bingos, casinos y similares «se ubiquen en sitios que no produzcan afecciones en el entorno ni medioambientales ni sobre la salud» y a más de 500 metros de suelos «educativos, deportivos o de equipamientos socioculturales». Además, añade, «no se concederán licencias de veladores» a estos establecimientos en «ningún caso». Según el planteamiento inicial que consta en el expediente, las peticiones de licencia que se hagan en un futuro deben llevar un documento de implantación de la actividad con un estudio de los efectos en el entorno, «pudiendo valorarse la oportunidad de su instalación por la colmatación urbanística de estas actividades».

El informe indica que la mayoría de las salas de juego están en zonas residenciales y en edificios destinados total o parcialmente a viviendas. El documento recuerda que la normativa autonómica señala que los salones recreativos deben mantener una distancia de 100 metros entre ellos y de 50 de un colegio. El PGOU solo dice que no podrán instalarse en edificios destinados total o parcialmente a uso educativo, que es lo que se va a cambiar, y que pueden ir en los de viviendas pero con acceso independiente y no por encima de la planta segunda. La idea es cambiar también esta última posibilidad y limitar su instalación solo a la planta baja.

Fuentes anunció en el anterior consejo que Urbanismo iba a estudiar una moratoria en la concesión de licencias solo para las zonas más afectadas, pero ha optado por innovar el PGOU. El Ayuntamiento lleva tiempo queriendo frenar las salas de juego. En el 2018, el Pleno aprobó una moción conjunta promovida por Acojer contra la publicidad. Después, Servicios Sociales y Urbanismo, que dirigía IU, anunciaron que iban a modificar la ordenanza de publicidad y realizar cambios urbanísticos. Con las elecciones municipales de por medio, los trabajos no acabaron.

En agosto de este año, IU reivindicó que se continuara con los trabajos iniciados, se modificara el PGOU y se suspendieran las licencias. En septiembre, y a petición del PSOE, el Pleno acordó por unanimidad la regulación de la distancia entre salas y entre estas y los colegios. En el último consejo, Podemos propuso también innovar el PGOU.