Córdoba ha acogido estos días el 6º congreso de colegios andaluces de secretarios, interventores y tesoreros de Andalucía. Valeriano Lavela (Rute, 1958), secretario general del Pleno de Córdoba, reflexiona sobre la función pública de los habilitados nacionales.

-Dice la RAE: «Secretario del pleno es el funcionario de la administración local que redacta y custodia las actas, expide las certificaciones de los actos y acuerdos, asiste al presidente en sus tareas y presta asesoramiento legal». ¿Le da tiempo a todo eso en su horario de funcionario?

-A veces me llevo trabajo a casa. Córdoba es una gran ciudad, que se regula como un municipio de gran población con la ley de bases de régimen local, y tiene un volumen de trabajo importante.

-¿Cómo y cuándo llega al Ayuntamiento de Córdoba?

-Mi anterior destino fue en el Ayuntamiento de Fuengirola y antes fui secretario del Ayuntamiento de Écija y oficial mayor en Lucena. He estado en Villaviciosa y Posadas, y mi primer destino fue en Adamuz en 1980, con 21 años. Era tan joven que mi padre me recomendó que me dejara bigote para parecer mayor.

-¿Desde cuándo supo que se quería dedicar a la función pública?

-Mi padre fue también secretario de administración local, vicesecretario de la Diputación de Córdoba. He seguido sus pasos.

-¿Con qué Corporación ha trabajado mejor y con cuál no tanto?

-Las corporaciones tienen cada una su estilo. A Córdoba llegué en 2009 como titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local con Andrés Ocaña, que en paz descanse. He estado también con José Antonio Nieto, Mª Isabel Ambrosio y ahora con José Mª Belllido. A todos he intentado asesorarlos de la mejor manera que sé. Mi despacho está abierto a todos los miembros de la Corporación sean del signo que sean.

-En 2014 tuvo serias desavenencias con José Antonio Nieto, que quiso relevarlo como secretario del Consorcio de Turismo.

-Bueno, hubo a nivel jurídico, cuando se planteó la disolución del Consorcio, distintos criterios. Al final no se hizo como estaba previsto, ni como yo decía, pero son cosas que pasan.

-¿Sus informes son preceptivos?

-Yo tengo que informar, si me lo pide el alcalde o los grupos que tengan al menos una cuarta parte de la Corporación (ahora el PSOE), y estoy obligado a pedir informes para asuntos que requieran por su importancia una mayoría cualificada. Lo lógico es que se cumplan. En el tema del Consorcio no se siguió lo marcado y aún hay litigios abiertos. La disolución fue un proceso traumático.

-¿Qué ha sido lo más raro sobre lo que ha hecho un informe?

-El más raro fue uno con respecto a la ubicación en la puerta del Ayuntamiento de un ataúd por unas protestas de una empresa. El féretro tenía un aspecto muy real y tuve que hacer un informe porque se podía incumplir la ley de policía mortuoria y pedí que lo dejaran abierto.

-Hay quien dice que los tiene escritos antes de que se los pidan.

-No, lo que ocurre es que hay materias que se repiten y hay consideraciones que son aplicables a supuestos análogos.

-Su despacho tiene más souvenir que una tienda de la Mezquita y hasta una placa funeraria.

-Sí, me gusta traer recuerdos de los viajes que hago con mi hijo el pequeño. En un mundo tan globalizado, son el indicativo de la pluralidad. El despacho en sí fue del alcalde Cruz Conde y la placa está dedicada a José Espejo, un funcionario que estuvo 53 años de servicio. El Pleno acordó que esta placa debía estar siempre en el despacho del secretario. De hecho, la familia viene todos los años para ver si sigue puesta.

-¿La figura del secretario municipal existe en el resto de Europa?

-Es diferente. En España, la profesión tiene más de 200 años, desde las Cortes de Cádiz. Somos los notarios del Ayuntamiento, garantes de que se cumple la legalidad. En el caso de municipios de gran población tenemos, además, la figura del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno, que asesora al equipo de gobierno. En el Ayuntamiento, el Pleno es la cámara legislativa y la junta de gobierno es el ejecutivo, que hace las veces de Consejo de Ministros. El legislador le ha dado fuerza a ese ejecutivo para que sea más eficaz y ágil, mientras que el Pleno queda para las grandes cuestiones de ciudad, como presupuestos o urbanismo y para el control fiscalizador de la oposición.

-A veces las mociones tratan temas que no son de competencia municipal. ¿Eso tiene sentido?

-Tiene su explicación porque nada es ajeno a un ayuntamiento. Las mociones, por ejemplo de desempleo o de las pensiones son legítimas en la medida en que instan a otras administraciones a hacer algo. Otra cosa son esas mociones que son brindis al sol, que vienen copiadas literalmente de otros ayuntamientos. En general, se debiera hacer un seguimiento de las que se aprueban para que no queden como letra muerta.

-¿Su trabajo se ha dificultado con la llegada de nuevos partidos?

-No, además creo que en democracia es buena la pluralidad porque enriquece y obliga a sentarse para llegar al consenso. Las 29 personas que se sientan ahí son fiel reflejo de la ciudad.

-¿Las leyes son según el color del cristal con que se miren? A veces, leyendo los informes de los funcionarios da la impresión de que sí. Los de la Mezquita, por ejemplo.

-Pues sí. Hay asuntos de gran complejidad y los juristas estamos para interpretar las normas. Tampoco es malo que haya diversidad de interpretaciones, aunque es cierto que la ley solo tiene un camino correcto.

-Como secretario no podrá tener ideología, pero tendrá su corazoncito.

-Soy un liberal convencido. Entiendo que la pluralidad es fundamental y que las posturas radicales no conducen a ningún sitio. Cualquier administración que se preste debería ir a una para defender los intereses de los más desfavorecidos, porque repercutirá en el bienestar general. A veces se pone por delante del interés general el partido, pero el interés general es lo que hace grande la política. En 40 años he conocido a muchos alcaldes y concejales, la política es una actividad muy noble y en el 99% de los casos se ejerce con mucha honestidad y exige mucho tiempo y sacrificio. Por la actitud de una minoría que se ha tirado al charco, hablo de la corrupción, se ha manchado su imagen pública, pero la gran mayoría de los políticos son personas honestas.

-El Ayuntamiento de Córdoba, de momento, se ha escapado.

-Sí, tenemos esa suerte. Es importante que los políticos le pidan consejo a los funcionarios y sigan los tramites marcados, aunque después la decisión final sea suya.

-¿Qué prefiere: un político bien intencionado o uno profesional?

-Tenemos ejemplos de personas con poca cualificación que han sido grandes gestores, pero una mínima preparación siempre se nota. Lo ideal sería una mezcla.

-Algunos de sus informes han sido tildados por la prensa como informes-bomba, como cuando consideró «ilegal» una moción de IU que reprobaba una carta del obispo sobre ideología de género.

-Algunos, por la materia tratada, han podido tener un cierto eco como aquel del obispo. Es fundamental que quede garantizada la libertad de expresión o el derecho al honor. Si en un momento determinado, el obispo de la ciudad es objeto de algún tipo de crítica hiriente u ofensiva, no puedo ser ajeno. La libertad de expresión está ahí pero tiene unos límites.

-¿Está justificada la fama que tienen los funcionarios?

-Por algunos pagan justos por pecadores. Habrá quien no dé palo al agua, pero entiendo que debe ser una cruz estar 8 horas en una oficina mirando a las musarañas. En general, hacen lo que pueden. Se nos mira con cierta envidia. Lo más bonito en esta vida es hacer lo que te gusta. Yo me siento un privilegiado por tener esta profesión, que es vocacional.

-¿Qué mejoraría en Capitulares?

-El gran problema que tiene es el de la falta de recursos humanos. Tendría que ir disminuyendo ese déficit al objeto de prestar los servicios adecuadamente.

-¿Deben ser públicos?

-El carácter público de los servicios es muy importante y el Ayuntamiento no debe perder el control en su gestión, aunque hay que reconocer que las fórmulas público-privadas son interesantes.