Que al Ayuntamiento de Córdoba le cuesta pagar a sus proveedores en el tiempo estipulado por ley --35 días-- es conocido, pero el caso de tres facturas del Imtur bate todos los récords, ya que se emitieron en junio del 2018 y aún no se han abonado. El consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) tendrá que levantar los reparos emitidos por los órganos fiscalizadores y proceder a un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a tres facturas pendientes del festival Ríomundi del año 2018.

El secretario municipal, Valeriano Lavela, ha aconsejado este procedimiento al equipo de gobierno y en concreto a la presidenta del Imtur y primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), después de que esta le solicitara un informe jurídico sobre la posibilidad de anular o de acogerse a los criterios de anulabilidad de dichas facturas, que tumbó la Intervención municipal y sobre las que también puso duros reparos el titular de apoyo de la junta de gobierno local.

Precisamente, la interventora expresó su disconformidad al pago de estas facturas, que en concreto, debían hacer frente al pago de la sonorización e iluminación de tres de los escenarios del festival (escenarios Guadalquivir, Mississipi y Nilo), que se instalaron en la primera edición de Ríomundi, que se celebró los días 8 y 9 de junio del 2018. Las facturas ascienden a un montante total de 16.988 euros. En resumidas cuentas, los informes de los órganos fiscalizadores advirtieron de que el Imtur no cumplió las normas de contratación pública de los organismos autónomos municipales por haber realizado los contratos de suministro de forma «fragmentada» y sin acudir a los procedimientos exigibles de garantías para la transparencia. Ahora, 17 meses después y sin negar nada de lo anterior, el secretario recomienda a los responsables del Imtur pagar mediante una aprobación extrajudicial de crédito, tras concluir que no existe causa de nulidad, aunque sí se habría incurrido en algún tipo de causa de anulabilidad, por lo que es viable el reconocimiento extrajudicial de crédito para evitar que los proveedores reclamen alguna indemnización.