AENA ha elevado a la Audiencia Nacional una reclamación histórica al Ayuntamiento de Córdoba de 20 millones de euros correspondientes a las expropiaciones realizadas para la ampliación de la pista del aeropuerto. AENA ha reclamado esta cantidad en diferentes ocasiones (la última vez en abril), pero hasta la fecha el Consistorio había podido sortear el pago argumentando que era un coste que debía sufragar el Estado. El paso judicial dado ahora por AENA puede poner a las arcas municipales en una difícil tesitura si se llega a estimar la petición del operador aeroportuario. De momento, no se conocen los detalles de la demanda, solo la intención de la asesoría jurídica municipal de pelear el pleito.
El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha tachado de «castañazo para las cuentas públicas» la amenaza de pago de los 20 millones y atribuye la situación actual a «la improvisación, dejadez e indolencia» del equipo de gobierno de Rosa Aguilar (IU), que entonces gobernaba con PSOE. De hecho, culpa a los responsables municipales de entonces de haber pactado en marzo del 2008 un acuerdo marco con AENA, que no llegó a desarrollarse y que es ahora, casi once años después, motivo de la reclamación millonaria. Salvador Fuentes ha avanzado la intención de la asesoría jurídica municipal de pelear en los tribunales para no tener que hacer frente a ese pago. «Somos el único ayuntamiento de España que optó por comprar suelos para un aeropuerto», ha ironizado en referencia a las expropiaciones que se realizaron en 2008.
Este caso se remonta a noviembre del 2007, cuando el Pleno de Córdoba aprobó un convenio para concretar la participación de AENA y del Ayuntamiento en la ampliación de la pista, que se firmó en marzo del 2008. El acuerdo, firmado siendo entonces ministra Magdalena Álvarez, recogía el procedimiento de expropiación, del que el Ayuntamiento debía hacer frente con un 20% del montante y Fomento con el 80% restante. En el presupuesto del 2008 se aprobó una transferencia de capital entorno a los 15 millones para esas expropiaciones, que luego, tras la publicación en el BOE del inicio de los trabajos, se rebajó a algo más de 8 millones, por lo que se realizó una nueva modificación presupuestaria.
El acuerdo con AENA incluía además del convenio, el protocolo para la expropiación, en un proceso en el que el Ayuntamiento debía participar, pero nunca lo hizo. Además, paralelamente, el acuerdo fue impugnado por la asociación Córdoba Saludable, y anulado por una sentencia en febrero del 2009, que confirmó en 2012 el TSJA.
Para la ampliación del aeropuerto se expropiaron 188 fincas, lo que costó 45,1 millones. Desde entonces, AENA ha ido variando la cantidad que reclama al Ayuntamiento, pero lo ha hecho de manera independiente de quién estuviera al frente de Fomento. En la etapa de Nieto, en 2011 y 2012, por ejemplo, se lo reclamó tanto Pepe Blanco (PSOE) como Ana Pastor (PP). En ambos momentos, el acalde popular se negó a pagar lo exigido por el Estado, argumentando que AENA había incumplido algunas cláusulas del convenio firmado en el 2008, ya que no se llegó a fijar el «acuerdo ejecutivo» que el convenio recogía y por el cual el Ayuntamiento debería haber concretado la aportación a AENA para la financiación del justiprecio de los terrenos cuyo coste le había sido asignado, así como la parte proporcional de la asistencia técnica para la realización del proyecto básico de expropiación.
QUÉ SE FIRMÓ EN EL ACUERDO DEL 2008
En el protocolo de marzo del 2008, el Ayuntamiento de Córdoba se comprometía a pagar el justiprecio de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista de vuelo, el establecimiento de las zonas de seguridad en los extremos de pista, el camino perimetral y vallado asociado a todo ello, estimándose entonces su superficie en 136.466 metros cuadrados, lo que representa el 17,63% del total de terrenos a expropiar. AENA se comprometía, por su parte, a expropiar 637.692 metros cuadrados (de color verde), un 82,37% del total de suelo.
