El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, durante la comparecencia que ha tenido en el Pleno de hoy -a demanda del PSOE- para explicar la repercusión de las medidas que incluye el decreto de la Junta de septiembre sobre las viviendas irregulares, ha anunciado que Urbanismo demolerá las casas ilegales de Guadalvalle en las que se está especulando. De esa manera, se ha referido a las edificaciones habitadas de nuevo diez años después de que fueran precintadas por la crecida del Guadalquivir del 2010 y que se están vendiendo y ocupando de nuevo. "Todo lo que podamos salvar de zona inundable, lo vamos a salvar, pero hay cosas que no se pueden resolver, como Guadalvalle", ha señalado, donde "habrá que buscar viviendas alternativas a los que no tienen". Pero, y en eso ha sido contundente, aquellas en las que se está "especulando, las vamos a demoler".

El presidente de Urbanismo ha advertido de la dificultad de atajar la situación de las 131 parcelaciones existentes en todo tipo de suelo, con 13.165 viviendas. "Sierra y Medina Azahara tienen un tratamiento de extrema protección que no caduca", ha señalado, por lo que "desde la carretera de Palma para arriba, hasta que no se descalifique, no se puede actuar". Después, hay otra franja desde la A-431 hasta la Vega, "que tiene otro tratamiento" por ser inundables. Después está la Vega, donde "nadie tiene interés por construir".

Fuentes ha reconocido que el "gran desafío" que se presenta es garantizar a través del AFO, que, amplía su ámbito de actuación con el decreto de la Junta, "los servicios básicos a las familias que quieren que se regularice la situación". Aún así ha admitido la dificultad del AFO y ha recordado que hasta ahora, y en los últimos años, solo se ha otorgado 173.

Fuentes se ha referido a casos concretos como el de Siete Fincas, El Jardinito y El Pilar, urbanizaciones ubicadas en la Sierra, que, según ha expresado, deben seguir "con el camino que ya tienen marcado", es decir, el de los planes especiales, aunque admite que, "mientras, hay que garantizar los servicios". Otras, como Campiñuela Norte y 16 más de suelo urbanizable, "tienen el procedimiento orquestado, bien orientado". En cuanto a las parcelaciones de la innovación de Poniente, explica que requieren "la interpretación de un artículo".

Al margen de los condicionantes urbanísticos, Fuentes ha aludido a los problemas de "financiación" que tienen las familias. Su compromiso ha sido, dentro de las 13.165 viviendas que hay, "intentar resolver en lo que pueda" su situación, "pero no he dicho que se vaya a solucionar la de todos". Fuentes ha dejado claro que hay que ver "caso por caso".

El anterior presidente de Urbanismo, Pedro García, ha asegurado que "este decreto no mira a Córdoba" y "anula" lo logrado hasta ahora con la reforma de la LOUA del año pasado. García ha dejado claro que "cuando se modificó el PGOU ya se incorporaron las parcelaciones legalizables", por lo que las que quedaron fuera lo tienen difícil, "no puede ser por ley", por lo que ha pedido que no se generen falsas expectativas.

El concejal del PSOE Manuel Torralbo considera que Fuentes no ha dado respuesta a sus peticiones, entre ellas, la de saber cuándo se creará la comisión que abordará la situación de los distintos tipos de suelo. Al final del pleno, Fuentes se ha comprometido en que se constituirá antes de final de año.

Laura Ruiz da explicaciones sobre el gerente del Ingema

La de Salvador Fuentes no ha sido la única comparecencia hoy. La presidenta del Ingema, Laura Ruiz, ha dado explicaciones hoy en el Pleno por el "falso gerente" de este organismo autónomo. En agosto, CCOO alertó de que había una persona ocupando la plaza de gerente del Imgema sin estar nombrado, lo que suscitó una polémica llevada a la sesión de hoy por la concejala de Vox Paula Badanelli, que esperaba respuestas contundentes que le impidan plantear una comisión de investigación. Badanelli, antes de intervenir Ruiz, se ha referido a la situación “irregular” que se ha producido y ha manifestado que ese supuesto gerente iba al Imgema, “ocupaba un despacho y ejercía las funciones de gerente”.

Ruiz ha asegurado que el proceso “ha sido totalmente transparente”, que el 1 de julio cesó el anterior gerente y que el 10 de julio el director de Personal asumió la función del gerente, por lo que el Jardín Botánico “ha estado en todo momento, excepto muy pocos días, con un gerente que ha controlado toda la gestión”. Ruiz ha reconocido “el error” de creer en su momento que era personal de confianza. “Nos confundimos”, ha dicho, por lo que en "el momento en el que nos indicaron que esa persona no podía estar, es cuando empezó el proceso de selección”.

La responsable del Imgema ha garantizado que “esa persona en ningún momento asumió la responsabilidad de gerente, lo único que hizo fue pasear por el jardín, preguntar y tener algún contacto con los trabajadores, no hubo nada más”, por lo que “el control”, según ha subrayado, ha estado en manos del anterior gerente y después del gerente en funciones.

Ruiz ha informado sobre el proceso de selección, en el que se han presentado 73 solicitudes, de las que han sido admitidas 62. Sus previsiones son que la próxima junta de gobierno local apruebe la propuesta con la persona que mejor cumple los requisitos. Tras ello, el consejo rector del Imgema dará su visto bueno.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha señalado que “la transparencia ha brillado por su ausencia” y la “legalidad está por ver" en todo el procedimiento. A su juicio, se ha actuado de “forma poco ética y profesional”. La concejala de IU Amparo Pernichi también ha reprochado la falta de “transparencia”, censura que ha realizado el edil socialista José Antonio Romero. Ninguno se ha mostrado satisfecho con las explicaciones dadas. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, se ha mostrado convencida de que se va a elegir al gerente de “forma transparente”.

Habrá inversión para la Ciudad de los Niños

Ruiz ha aprovechado para responder a las acusaciones de IU sobre la Ciudad de los Niños, asegurando que el juego denominado la Red del Diablo lleva cerrado desde febrero y que en las instalaciones el año que viene no se invertirán 300.000 euros, sino «tres veces más».