«Me llegó a destrozar la vida. He llevado la espada de Damocles encima muchos años. Te afecta en tu vida diaria, psicológicamente es un tema que llevas encima, es duro, porque, además, no se acaba nunca y no sabes cómo saldrá», afirma uno de los empresarios de la joyería acusados en el caso Fénix, abierto por un presunto fraude de 154 millones de euros a la Hacienda pública realizado mediante la compraventa de oro.

Este encartado prefiere permanecer en el anonimato, porque también tiene a familia en la causa. Sobre su situación personal, comenta que en la actualidad está jubilado y es el cuidador de su esposa, y abunda en que ella «lo está pasando mal» y tiene un 65% de discapacidad porque padece Párkinson.

En declaraciones a este periódico, admite que ha pasado tanto tiempo (la instrucción de la causa ha durado 15 años) que no recuerda qué delito se le imputó, aunque sí que desde un primer momento solicitaron para él una pena de cárcel muy baja. Consultado por la vinculación de su empresa con el entramado societario orquestado, supuestamente, desde Barcelona para defraudar, explica que «éramos clientes y nos servían correctamente. El que lo haya hecho mal que apechugue, pero a todos no nos han de meter en el mismo zapato».

En su opinión, el número de encausados (96 personas físicas y 26 empresas) «es un disparate», y asegura que «conozco a dos o tres nada más», a pesar de que su empresa, ya extinguida, tenía una extensísima trayectoria. De este modo, comenta que «he vivido varios casos en que los que son un poco más culpables de circunstancias se mueren y pagan otros». En el de la Fénix, el presunto cabecilla de la trama, para el que se pedían en torno a 384 años de cárcel por 96 delitos, ya ha fallecido.

Transformación del sector

Este procesado apunta, en referencia a la Agencia Tributaria, que «de unos años a esta parte, han ido a por nosotros en general» y precisa que «toda la vida se han hecho las cosas más o menos bien, pero han entrado a saco».

Este exempresario indica que cerraron su negocio «porque nos lo destrozaron y también porque las circunstancias habían cambiado totalmente». Al igual que él, «la mayoría de los que estaban en nuestra época han cerrado por distintas circunstancias», señala, haciendo referencia a la competencia de productos importados de menor calidad y al cambio de mentalidad entre los jóvenes, que «ahora se regalan aparatitos» y no joyas.

Recibiendo ayuda

En el marco de este procedimiento, el letrado Doroteo Jurado indica que su defendida tiene 70 años de edad y «está en tratamiento psicológico, porque para nada estaba en el mundo de los negocios y ahora se ve envuelta en una macrocausa de la que ella, la pobre, no conocía absolutamente nada». El caso le ha salpicado, según concreta, por ser la esposa del gerente de una empresa supuestamente implicada en la Fénix.

En este sentido, en el banquillo de los acusados se sientan empresarios, contables y trabajadores. Respecto a su clienta, Doroteo Jurado detalla que en un primer momento solicitaron para ella doce años de prisión por seis presuntos delitos, aunque gracias a la prescripción de algunos la propuesta ha bajado a cuatro años, «que son muchísimos también». Este abogado puntualiza que, inicialmente, se plantearon «una cantidad de penas y una responsabilidad civil exageradas». Preguntado por los efectos que la imputación ha tenido para su clienta, destaca que «supuso un descalabro económico» y recuerda que «ellos han estado trabajando 40 años, pero llegan a los 60 y le quitan su medio de vida, porque se intervino absolutamente todo, le quitaron el material y la maquinaria, el negocio se quedó parado. Han tenido que reinventarse».

Este letrado comenta que hoy los acusados «están fuera» del mundo laboral y «tendrían que estar disfrutando de su situación de jubilado». Entre otras consecuencias, a raíz del trabajo policial «tienen absolutamente todo el patrimonio embargado, no pueden disponer de él y les retuvieron las cuentas».

En el despacho colectivo donde trabaja en Córdoba, un compañero lleva el caso del marido de esta procesada a la que él presta servicio y también defienden a empresas implicadas en la macrocausa.

«Volver a nacer sin nada»

En la misma línea, la abogada defensora de otro imputado por el caso Fénix, Azela Guiote, hace hincapié en que las detenciones se produjeron en los años 2006 y 2007, y en que la instrucción de la causa ha durado 15 años, por lo que en la actualidad la mayoría de los imputados son personas de cierta edad. En esta línea, comenta que «ha habido compañeros que han alegado una merma en las facultades psíquicas, demencias seniles».

Preguntada por los efectos de este proceso, señala que, «personalmente, ha afectado muchísimo» a los encausados, que quedaron «absolutamente arruinados», por lo que les ha obligado a «volver a nacer sin nada» al encontrarse «sin dinero de la noche a la mañana».

Asimismo, en referencia al estado de salud de estas personas, añade que «son muchos años llevando problemas encima. Se piden penas y una responsabilidad civil muy alta, y con todo embargado. Eso afecta psicológicamente». Por tanto, Guiote coincide con otras defensas en que «las responsabilidades que se solicitan son absolutamente surrealistas, no tienen nada que ver con la activiad real», ya que «no estamos hablando de gente de rentas muy altas en muchos casos».

Otras fuentes consultadas en este macrojuicio apuntan que «verse tantos años imputados con la incertidumbre de no saber qué va a pasar afecta a cualquier persona». En el caso de los empresarios de la joyería presuntamente implicados, confirman que el procedimiento ha afectado a su situación económica e incluso a su relación con los proveedores.

Cambios en la conducta

De su parte, la psicóloga forense y sanitaria Cristina Moreno, que es vocal de la delegación cordobesa del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, recuerda que «no en todas las personas se producen los mismos efectos» cuando se enfrentan a un procedimiento judicial, aunque sí existen algunos más habituales.

Moreno entiende que «la incertidumbre es el concepto clave para estas situaciones», tanto en el caso de los delincuentes como en el de las víctimas, y que esta sensación puede cronificar mientras esperan a que se resuelva la causa y llegar a ser un problema si la persona es incapaz de tolerarla.

Entre otras ideas, explica que los afectados «dedican muchos recursos a resolver eso, necesitan una respuesta y entran en un estado de ansiedad, intranquilidad continua, miedo o angustia, pueden ser muchos los síntomas». En cuanto a los efectos que estas experiencias pueden tener en la conducta, apunta la dificultad para tomar decisiones o la exageración de los problemas, y concluye que «el estado mental te afecta en todo». Según destaca, estas personas pueden sufrir «dificultad para concentrarse, irritabilidad y trastornos de sueño o de alimentación». Cristina Moreno manifiesta que si existe la posibilidad de entrar en prisión «es incluso más probable que se den estos síntomas», ya que supone «enfrentarse a un duelo, a una pérdida de la libertad, de la familia... Lo pierdes todo».