El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha acordado la apertura de juicio oral por el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro, en un auto dictado recientemente en el que solicita que los tres acusados abonen fianzas que suman 2,4 millones de euros.
Los procesados (dos de ellos, madre e hijo) se enfrentan, cada uno, a penas de casi 10 años de cárcel por la presunta comisión de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y otros dos de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas.
Estas son, entre otras, las penas solicitadas por la Fiscalía y la Junta de Andalucía, mientras que las acusaciones particulares ejercidas por Podemos y por otros dos individuos solicitan penas más duras para los encartados.
En concreto, las acusaciones entienden que las organizaciones a las que pertenecían los procesados desviaban parte de los sueldos asignados a los beneficiarios de programas de empleo y formación para otros fines no recogidos en el programa de subvenciones.
Como se ha citado más arriba, el auto de Instrucción 8 recoge que los encausados deberán abonar, cada uno, una fianza de 807.200 euros "para asegurar las responsabilidades descritas". De no hacerlo, se le embargarán sus bienes.
Además de esto, reclama que, de forma conjunta, abonen 24.172 euros en concepto de indemnización para 13 personas que, aunque no se recoge en estos términos en el escrito, se deduce que serían los trabajadores afectados por los delitos. "Todo ello, al margen de lo que se determine en ejecución de sentencia" a favor de otras dos personas a las que cita.
En este escrito, la jueza declara órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa a la Audiencia Provincial de Córdoba, que será la que tenga que señalar la fecha de inicio del juicio por el caso Guadalquivir Futuro.
