La Fiscalía de Medio Ambiente no ve posibilidades para zonas que están en terrenos inundables como Guadalvalle, donde hay viviendas que fueron precintadas tras las inundaciones del 2010 y que vuelven a estar habitadas e, incluso, y según los testimonios vecinales, se han seguido vendiendo terrenos y construyendo, lo que ha llevado a Urbanismo a anunciar que aplicará allí un plan de inspección. La fiscal de Medio Ambiente, Eva Pérez, advierte de que en zona inundable y no urbanizable como Guadalvalle «no hay posibilidad ninguna de que se autorice una construcción» y «no hay visos de que se vaya a modificar la calificación del suelo porque supone un riesgo y peligro para la población».

La fiscal de Medio Ambiente explica que «en suelo no urbanizable el Ministerio Fiscal mantiene su postura de defensa de la legalidad» y construir «es un delito tipificado en el Código Penal y actuamos». En este sentido, señala que «la Fiscalía aplica el artículo 319 del Código Penal en zonas no urbanizables y por el hecho de ser inundables». Pérez indica que cuando las administraciones ponen en conocimiento de la Fiscalía que en una zona no urbanizable e inundable se está edificando, «se incoan las diligencias de investigación, requerimos los informes técnicos a las administraciones y, cuando nos califican el suelo y nos dicen los usos autorizables, si no están incluidos, el Ministerio Fiscal interpone denuncia ante el juzgado». En caso de que el asunto ya llegue judicializado, añade, «calificamos con el artículo 319 porque para nosotros no se ha modificado la calificación jurídica del suelo, que sigue siendo no urbanizable». La fiscal señala que, aunque «cada vez hay menos edificaciones» por el control que hay, «tenemos diligencias de investigación», entre ellas, en Las Pitas (entorno BIC de Medina Azahara).

Por otro lado, y en relación al plan de inspección anunciado por Urbanismo, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, opina que «las leyes están para cumplirlas» y «más cuando hablamos de hechos que pueden tener gravísimas consecuencias». A su juicio, «la inacción de las administraciones, hacer la vista gorda ante ilegalidades, es a veces lo peor». A la concejala le «parece una temeridad mantener viviendas, que, por otra parte, no están autorizadas, en zonas con una gran probabilidad de inundación y donde sabemos que la altura que pueden alcanzar las aguas supone un riesgo cierto para la vida humana».