La parlamentaria de Adelante Andalucía y portavoz en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Naranjo, ha preguntado en sesión plenaria por la “intención del gobierno de la Junta de Andalucía de eliminar las líneas de financiación a la investigación histórica sobre la guerra civil, la dictadura y la represión franquista”.
Según ha señalado Naranjo durante su intervención, la Junta con su propuesta “está eliminando la financiación de informes, estudios, ensayos, publicaciones y proyectos educativos para introducir la memoria en las aulas, donde hasta ahora han estado vetados sus contenidos”. Con sus política, en referencia al gobierno de la Junta de Andalucía, “contribuyen a amparar a eso que hemos llamado el ‘franquismo sociológico’, la impunidad y las tesis revisionistas que niegan evidencias tan palpables como la violencia machista o el genocidio franquista”.
Para Naranjo, las “inexistentes” políticas públicas de Memoria de la Junta de Andalucía son “una anomalía histórica, más en un estado democrático”. "Conocíamos este martes, añade la parlamentaria, la sentencia del tribunal Constitucional que daba luz verde para poder sacar al dictador de Cuelgamuros".
Desde Adelante Andalucía “nos alegramos” de esa sentencia que es una “importante victoria de las asociaciones memorialistas, que llevan mas de cuarenta años esperando acabar con esta esperpéntica situación, que exaltaba a un dictador en un espacio de culto, financiado con dinero público”.
“Parece que por fin vamos a acabar con esa anomalía, aunque nos quedan otras muchas como financiar con dinero público la Fundación Francisco Franco o tener enterrado a Queipo de Llano, el carnicero de Sevilla, lo que evidencia “otros incumplimientos más de la Ley de Memoria”. Reunión con más de 30 colectivos
La parlamentaria ha querido recordar que el pasado martes Adelante Andalucía se reunió con más de 30 asociaciones de memoria democrática de Andalucía para “contrarrestar la falta de políticas pública de Memoria de la consejería y los incumplimientos sistemáticos de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”.
"Seguimos esperando, continúa Naranjo, el desarrollo normativo de la Ley y la eliminación de la simbología franquista (placas o exaltación de los golpistas en el callejero público), la cual debería actuar de oficio la Junta de Andalucía”.
